El cuestionado fiscal guatemalteco Curruchiche “considera” postularse como magistrado de apelaciones

El abogado a cargo de la fiscalía contra la impunidad dijo que su trabajo “honesto” le permite aspirar a uno de los cargos y que evalúa la posibilidad. Curruchiche es considerado por varios países y por parte de la sociedad guatemalteca un funcionario corrupto y antidemocrático.

Rafael Curruchiche, fiscal guatemalteco contra la impunidad.

El cuestionado fiscal contra la impunidad de Guatemala, Rafael Curruchiche, dijo que evalúa la posibilidad de postularse como aspirante a la Sala de Apelaciones y aunque aseguró que la decisión “personal” aún no la ha tomado, está preparando los documentos para poder presentarse a la contienda.

“Es una posibilidad, todavía no está tomada la decisión. Voy a tener los documentos listos”, explicó en las afueras del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral, una de las instituciones que él mismo como fiscal ha perseguido como parte de lo que muchos sectores sociales, incluidos la presidencia, consideran una persecución judicial como parte de los esfuerzos de grupos corruptos que tienen “embargado” el Ministerio Público.

Incluso se tomó el tiempo para explicar que su “trabajo de forma objetiva e imparcial” por más de dos décadas en la Fiscalía le dan el “aval” para ser uno de los aspirantes.

“Muchas personas pueden opinar y decir lo que quieran desde su personal punto de vista, podrían cuestionar si no soy idóneo”, admitió, pero sostuvo que es un funcionario limpio y que le asiste el derecho a buscar ser magistrado.

Rafael Curruchiche, es objeto de crecientes críticas tanto a nivel nacional como internacional. En julio de 2023, Estados Unidos lo sancionó por presuntos actos de corrupción y por socavar la democracia en Guatemala, acusándolo de manipular investigaciones judiciales para perseguir a opositores políticos y proteger a figuras del poder. Estas sanciones han intensificado el escrutinio sobre su gestión, en un contexto donde la justicia guatemalteca enfrenta serios cuestionamientos sobre su independencia y compromiso con la transparencia.

Más de una veintena de países, entre ellos los de la Unión Europea, lo consideran corrupto y tiene prohibida la entrada a estos.

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