Estados Unidos decidió congelar el procesamiento de visas para ciudadanos a 75 países, una medida que impacta directamente a Centroamérica, donde Guatemala, Belice y Nicaragua figuran entre los países afectados, generando incertidumbre en miles de personas que reunificarse con familiares en territorio estadounidense.
Centroamérica aparece entre las primeras regiones impactadas por la decisión de Washington, con Guatemala, Belice y Nicaragua incluidos en la lista oficial de países cuyos ciudadanos no podrán avanzar con trámites de visa mientras dure la suspensión.
Los visados de no inmigrante, destinados a estancias temporales como turismo, estudios o trabajos temporales, no se verán afectados por la suspensión.
The State Department will pause immigrant visa processing from 75 countries whose migrants take welfare from the American people at unacceptable rates. The freeze will remain active until the U.S. can ensure that new immigrants will not extract wealth from the American people.
— Department of State (@StateDept) January 14, 2026
En el Caribe y Mesoamérica también figuran Haití, Cuba, Bahamas, Jamaica, Antigua y Barbuda, Dominica, Granada, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía y San Cristóbal y Nieves, ampliando el impacto en una zona históricamente vinculada a la migración hacia Estados Unidos.
En Latinoamérica, la suspensión alcanza además a Colombia, Brasil y Uruguay, países con altos volúmenes de solicitudes de visa y fuertes vínculos comerciales, turísticos y migratorios con EE. UU.
Según reportes de medios estadounidenses, la medida forma parte de una revisión interna de seguridad migratoria impulsada por la administración de Donald Trump, aunque hasta ahora no se informó una fecha concreta para retomar los trámites.
A nivel global, la lista incluye países de África, Asia, Europa del Este y Medio Oriente como Afganistán, Irán, Irak, Rusia, Siria, Sudán, Somalia, Tailandia y Pakistán, lo que convierte la decisión en una de las restricciones migratorias más amplias de los últimos años.
Mientras tanto, gobiernos y solicitantes esperan definiciones oficiales sobre posibles excepciones, casos humanitarios y el futuro de los trámites ya iniciados, en un contexto de creciente tensión internacional por las políticas migratorias de Estados Unidos.