Un juez natural dictó este miércoles la medida de detención judicial contra el diputado Nelson Márquez, subjefe de bancada del Partido Nacional, por su presunta implicación en un millonario caso de corrupción relacionado con demandas ilegales al Estado hondureño.
Además del congresista, también fueron enviados a prisión Juan Fernando Madrid Lezama, Caronte Rojas Zavala, Raymond Esaú Gradiz (juez) y Eva Vásquez, todos vinculados al caso según el requerimiento fiscal presentado por el Ministerio Público.
Márquez, Madrid, Rojas y Vásquez enfrentan cargos por el supuesto delito de fraude, mientras que el juez Gradiz fue acusado de prevaricato judicial. En tanto, a Rafael Eduardo Chávez se le dictó arresto domiciliario por su presunta participación en la falsificación de documentos públicos.
El caso se remonta a hechos ocurridos en el año 2000, tras el huracán Mitch, cuando el Estado de Honduras, utilizando fondos de cooperación internacional, adjudicó un contrato a la empresa estadounidense DRC Inc., la cual no contaba con autorización para operar en el país. Esta compañía subcontrató de forma irregular a NAINSA, que posteriormente entabló demandas millonarias contra el Estado, con base en un laudo arbitral que, según la Fiscalía, nunca fue homologado por la Corte Suprema de Justicia.
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En 2020, Márquez, en su calidad de secretario de Sedecoas, envió un informe legal a la Procuraduría General de la República recomendando firmar un acuerdo extrajudicial con NAINSA. Dicho acuerdo fue suscrito un mes después y dio lugar a pagos millonarios, según el Ministerio Público, al margen de los procesos judiciales vigentes.
Dos años más tarde, el juez Raymundo Gradiz Viloria admitió otra demanda millonaria, pese a conocer la invalidez del laudo. Las investigaciones señalan que varios jueces autorizaron pagos ilegales al margen de la ley, mientras que otros funcionarios, como el representante de la PGR, Héctor Alvarado Mejía, se ausentaron de audiencias clave, con excusas cuya veracidad ha sido cuestionada.
El requerimiento fiscal estima que el Estado fue despojado de más de 3,084 millones de lempiras ($124 millones) a través de este esquema, que ha sacudido el panorama político hondureño a pocos meses de las elecciones generales del 30 de noviembre.
