En un país donde la represión, las confiscaciones y los despidos arbitrarios marcan la rutina, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo decidió volver a “premiar” a los trabajadores del sector público con un generoso asueto: diez días de vacaciones en conmemoración de las Fiestas Patrias.
El anuncio lo hizo la vicepresidenta y primera dama, Rosario Murillo, en su alocución oficial, donde destacó que entre el 12 y el 22 de septiembre se celebrará la llamada “Feria del IVA”, que incluye la exoneración de este impuesto de 15% en hoteles, restaurantes y otros servicios turísticos.
“Son 10 días de vacaciones de Fiestas Patrias durante las cuales se realizará la Feria del IVA. No se va a cobrar IVA… para que las familias puedan disfrutar grandemente de estas vacaciones patrias”, dijo la dictadora Murillo en tono triunfalista.
No hay “fiestas patrias” para todo
La medida, respaldada por un comunicado del Ministerio del Trabajo, aplica únicamente al sector público, que deberá reincorporarse el lunes 22 de septiembre.
En contraste, los trabajadores del sector privado deberán regirse “por la costumbre o acuerdos entre las partes”, lo que en la práctica significa que buena parte del país seguirá trabajando mientras el aparato estatal descansa.
En el mismo comunicado se recordó que los días 14 y 15 de septiembre son feriados nacionales. Como el 14 cae domingo, se compensará con el martes 16.
Quienes trabajen en esas fechas recibirán remuneración como jornada extraordinaria.
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Entre vacaciones y represión
La exoneración de impuestos y los diez días de descanso contrastan con la crisis política y social que vive Nicaragua: persecución a opositores, confiscaciones masivas de propiedades privadas, desapariciones forzadas y un creciente clima de miedo en el sector laboral, donde los despidos arbitrarios son frecuentes.
La decisión de ofrecer vacaciones prolongadas en medio de ese escenario despierta críticas por la paradoja que representa: mientras el régimen intenta proyectar una imagen de normalidad festiva, la mayoría de las familias nicaragüenses enfrentan un panorama de incertidumbre y represión.
En resumen, la “generosidad” oficial parece más un espectáculo político que un verdadero alivio para los trabajadores, en un país donde el descanso decretado no compensa la erosión cotidiana de derechos y libertades.
