La Asamblea Nacional de Nicaragua sancionó esta semana una serie de reformas que alterarán profundamente el funcionamiento de las organizaciones no gubernamentales en el país centroamericano.
Según las nuevas normativas, las ONG estarán obligadas a establecer “alianzas” con las instituciones del Estado para implementar sus proyectos.
Este paquete de modificaciones, promovido por el régimen, fue aprobado de manera urgente y unánime por los 91 diputados solo 24 horas después de que Daniel Ortega disolviera 1,500 ONG, en lo que se enmarca en una política de represión y control sobre las organizaciones no gubernamentales.
Las 3 leyes reformadas son la Ley General de Regulación y Control de Organismos sin Fines de Lucro, la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros y la Ley de Concertación Tributaria.
La Asamblea Nacional aprobó unánimemente la Ley que contiene las reformas y adiciones necesarias para la correcta y efectiva ejecución de los programas y proyectos que desarrollen las Organizaciones sin Fines de Lucro y Agentes Extranjeroshttps://t.co/fpwtbzDMYH pic.twitter.com/ckn6xawsKK
— Asamblea Nacional Nicaragua (@AsambleaNi) August 20, 2024
Con el nuevo marco legal, las ONG deberán presentar sus propuestas de colaboración a las entidades públicas a través de los ministerios correspondientes, como el Ministerio del Interior o la Cancillería, dependiendo del tipo de proyecto.
La dictadura se reserva el derecho de aprobar o rechazar estas propuestas, además de supervisar cada alianza, su ejecución y, una vez concluido un proyecto, las ONG podrán proponer nuevas alianzas siempre que se ajusten a su área de acción.
Rosario Murillo, vicepresidenta nicaragüense y primera dama, adelantó el pasado viernes que las ONG en Nicaragua operarán bajo un nuevo modelo denominado “Alianzas de asociación”.
Son más de 5,000 canceladas desde 2018
Desde las protestas que estallaron en abril de 2018, el régimen ha cancelado la personería jurídica de unas 5,200 organizaciones no gubernamentales, incluyendo entidades católicas, defensoras de la diversidad sexual y asociaciones de militares retirados.
📌 Aprobado Nuevo Modelo “Alianzas de Asociación” 👇 pic.twitter.com/g41mfRQZCl
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Entre las 1,500 ONG canceladas este lunes se incluyen cientos de asociaciones de carácter religioso y social.
La crisis política y social en Nicaragua se ha agravado desde las elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato consecutivo.
Sus principales oponentes fueron encarcelados y posteriormente expulsados del país, despojándolos de su nacionalidad y derechos políticos bajo acusaciones de “traición a la patria”.
Las reformas y la disolución de ONG reflejan el clima de represión y control que caracteriza el entorno de la sociedad civil en Nicaragua, según denuncia de OACNUDH.
La oposición y diversas organizaciones internacionales han criticado estos movimientos como un ataque directo a la libertad de asociación y a los derechos humanos.
Paralelismo con Venezuela: “Es el modelo Nicaragua”
Nicaragua parece estar exportando su modelo represivo a Venezuela.
En Caracas la Asamblea Nacional aprobó recientemente la “Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Organizaciones Sociales Sin Fines de Lucro”.
Esta norma, según la oposición, busca controlar y restringir el funcionamiento de las ONG en el país.
La legislación venezolana obliga a las ONG a declarar si su financiamiento proviene, total o parcialmente, de fuentes extranjeras, y prohíbe la inscripción de organizaciones que promuevan el “fascismo” o el “odio”.
Un académico y activista en derechos humanos, quien pidió el anonimato por razones de seguridad, describió este proceso como una fase de “erradicación” de la sociedad civil organizada, un proceso similar al experimentado en Nicaragua.
La comunidad internacional ha criticado estas medidas como un intento de silenciar y eliminar a las organizaciones que defienden los derechos humanos en ambos países.