La Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ) y el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) expresaron su preocupación ante lo que consideran un creciente deterioro de la independencia judicial en Honduras, denunciando los recientes nombramientos y traslados de jueces y magistrados en el Poder Judicial.
Ambas organizaciones alertaron que estos movimientos se están realizando de forma arbitraria y contravienen las normas legales y los estándares internacionales, lo que podría tener serias repercusiones en la transparencia y la justicia en el país.
Nombramientos sin transparencia
Según las denuncias de la ASJ y el CNA, los nombramientos de jueces y magistrados se están llevando a cabo sin los debidos concursos públicos ni los procedimientos establecidos en la legislación nacional.
Las organizaciones aseguran que estos nombramientos se están realizando con base en criterios políticos, sin considerar los méritos profesionales y la experiencia de los candidatos. Esta situación, advierten, socava los principios fundamentales de legalidad, transparencia e inamovilidad del cargo, fundamentales para garantizar un sistema judicial imparcial y eficiente.
Traslados arbitrarios para controlar el sistema judicial
El CNA y la ASJ también señalaron los traslados arbitrarios de jueces y magistrados, particularmente aquellos que ocupan posiciones clave en el circuito especializado en criminalidad organizada y corrupción.
En este sentido, las organizaciones indican que estos movimientos no solo responden a intereses políticos, sino que están diseñados para concentrar el poder en manos de unos pocos y, de esta forma, controlar el curso de investigaciones cruciales que podrían afectar a actores políticos poderosos.
Para ambos organismos, esta práctica representa un grave riesgo para la independencia del Poder Judicial y refuerza la impunidad al condicionar las decisiones de los jueces a intereses ajenos al derecho.
Violación de la inamovilidad de los jueces
Las acciones denunciadas también contravienen la garantía constitucional de inamovilidad de los jueces, un principio clave para asegurar la independencia judicial.
Al eliminar la estabilidad laboral de los jueces y poner en riesgo su progreso profesional, se les expone a presiones externas que, según las organizaciones, alimentan la corrupción y perpetúan un ciclo de impunidad que afecta a la justicia en el país.
En este contexto, la ASJ y el CNA recordaron que, en 2015, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó al Estado hondureño por vulnerar la independencia y permanencia de los jueces en sus cargos en el caso López Lone y otros vs. Honduras. Esta sentencia subrayó la importancia de garantizar la estabilidad y autonomía judicial, lo que, según las organizaciones, no se está cumpliendo actualmente en el país.
Recomendaciones internacionales
La denuncia de estas prácticas llega en un momento clave, pues la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también ha instado al Estado hondureño a promulgar una Ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial. Esta ley tendría como objetivo garantizar que los procesos de nombramiento, traslado, ascenso y separación de jueces y magistrados sean transparentes y ajenos a influencias políticas. Las organizaciones subrayan que la falta de una ley en este sentido continúa siendo uno de los principales obstáculos para la consolidación de un sistema judicial independiente y democrático.
Ante esta situación, tanto el CNA como la ASJ hicieron un llamado urgente al Poder Judicial para que elimine las prácticas que favorecen la concentración de poder en la presidencia de la Corte Suprema de Justicia y perpetúan el control político sobre el sistema judicial. Ambas organizaciones insisten en la necesidad de priorizar principios como la participación social, la transparencia y la meritocracia en los procesos judiciales.
Solo así, según las denuncias, será posible fortalecer el sistema judicial y erradicar la impunidad que ha prevalecido durante años en el país.
