El director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga, calificó como un “ataque político” la serie de denuncias presentadas en su contra ante el Ministerio Público y el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica.
“Me defenderé con la evidencia correspondiente que tengo a mi disposición, pero esto ya ha mutado hacia un ataque político de mi persona”, aseguró el jerarca.
Agregó que “una denuncia no convierte a nadie en culpable” y pidió respeto al principio de presunción de inocencia.
Zúñiga enfrenta actualmente 4 procesos: 3 denuncias penales por presunta violación, contagio venéreo y ofensas a la dignidad, y una denuncia disciplinaria por faltas éticas graves.
La más reciente fue presentada ante el Colegio de Abogados, donde se alega una “conducta indebida” que podría afectar la imagen institucional del gremio jurídico.
El documento solicita la apertura de un procedimiento formal con eventuales medidas cautelares.
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Fiscalía de Género asume el caso
El Ministerio Público confirmó que el caso está a cargo de la Unidad de Género de la Fiscalía Adjunta de Corredores, bajo la supervisión de la Fiscalía Adjunta de Género.
El expediente —registrado como 25-000359-1883-PE— involucra un presunto delito sexual y un contagio de enfermedad venérea.
La fiscalía indicó que Zúñiga no goza de ningún fuero especial por su cargo dentro del Poder Judicial, por lo que el proceso sigue un trámite ordinario.
Además, aseguró que la víctima cuenta con acompañamiento psicológico y legal conforme a la Ley 8720 sobre protección a víctimas de delitos.
El Ministerio Público subrayó que la investigación se desarrolla con “absoluta independencia y objetividad” y que no puede divulgar más detalles para no entorpecer las diligencias en curso.
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Reacciones políticas y pedidos de renuncia
La crisis institucional escaló con las reacciones del presidente Rodrigo Chaves, quien expresó su “indignación” tras difundirse un audio atribuido a Zúñiga en el que supuestamente afirma que el OIJ “sigue” al mandatario con 30 oficiales.
“A mí me andan persiguiendo 30 oficiales del OIJ, según el propio director, en lugar de perseguir asesinos”, criticó Chaves.
Además, arremetió contra el Poder Judicial, al que acusó de “alcahuetear y corromper” las instituciones del país. “Ustedes no son famosos, son infames ante el pueblo de Costa Rica”, dijo, dirigiéndose a jueces y jerarcas judiciales, entre ellos Zúñiga.
A la polémica se sumaron varios candidatos presidenciales, incluida Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana, quien pidió públicamente la renuncia inmediata del director del OIJ para preservar la credibilidad de la institución.
Otros aspirantes, como los del Partido Pueblo Soberano y la Alianza Liberal, coincidieron en que la permanencia de Zúñiga “debilita la confianza ciudadana” y pidieron al Poder Judicial actuar con rapidez y transparencia.
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Zúñiga niega filtraciones y acusa politización
En paralelo, Zúñiga rechazó las versiones sobre una presunta filtración de información sensible del OIJ relacionada con decomisos de drogas.
“No existe filtrado de información sensible. Las fotos del cargamento enviado a Estados Unidos fueron compartidas en un chat interno; no hubo manejo irregular”, sostuvo.
El jerarca reiteró que las denuncias en su contra son parte de una ofensiva política y aseguró que seguirá en su cargo mientras ejerce su derecho de defensa.
Sin embargo, dentro del Poder Judicial crecen las voces que advierten sobre el impacto institucional del caso. Fuentes internas señalan que la situación “pone en riesgo la credibilidad del OIJ” y podría obligar a una decisión administrativa en los próximos días.
Mientras tanto, las investigaciones continúan en distintos frentes —penal, disciplinario y ético— y el futuro de uno de los puestos más sensibles de la justicia costarricense sigue envuelto en incertidumbre.
Teléfono intervenido y debate legislativo
Este 29 de octubre, la bancada del Frente Amplio instó al director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga, a apartarse de su cargo mientras se investigan las denuncias penales en su contra por presunta violación.
El partido considera que su permanencia al frente de la institución podría afectar la transparencia y el curso de las investigaciones.
La jefa de fracción, Rocío Alfaro, enfatizó que debe garantizarse la protección de las personas denunciantes y que la investigación judicial avance con celeridad y sin interferencias.
A la vez, trascendió que en total son cuatro los procesos y denuncias contra el director del OIJ, y que como parte de las diligencias, la Fiscalía ha intervenido el teléfono del funcionario para realizar peritaje.
