En un giro inesperado para el sector minero costarricense, el presidente Rodrigo Chaves propuso la explotación de un yacimiento de oro en Crucitas, ubicado al norte del país, después de que Costa Rica ganara un litigio internacional contra la minera canadiense Infinito Gold.
Esta decisión, sin embargo, choca con la actual prohibición de la minería a cielo abierto vigente desde 2010, por lo cual una operación de minería debería pasar por la Asamblea Legislativa, donde Chaves no tiene incidencia.
El anuncio de Chaves llega tras la resolución favorable de un arbitraje internacional llevado a cabo por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), donde Infinito Gold exigía una indemnización de casi 400 millones de dólares por el cierre del proyecto minero de Crucitas debido a su impacto ambiental. La victoria legal de Costa Rica no solo evitó el pago de esta suma, sino que también reabrió la discusión sobre el aprovechamiento de los recursos naturales del país.
“El mensaje principal es que hay muchísimo dinero ahí. Es dinero de todos nosotros. Hay que procesarlo, no es un proceso barato, requiere mucha inversión. Tenemos que ver cuál es la mejor manera de la concesión”, afirmó el presidente en un video entregado a la prensa por la Presidencia.
La propuesta de Chaves incluye la posibilidad de explotar el yacimiento de manera subterránea o incluso a cielo abierto, aunque para esto último sería necesario un cambio en la legislación actual.
Desde la cancelación del proyecto en 2010, la prohibición de la minería a cielo abierto ha sido una barrera significativa para cualquier desarrollo en este sector.
Además, la explotación ilegal del yacimiento por mineros conocidos como “coligalleros”, en su mayoría nicaragüenses que cruzan la frontera, ha causado graves daños ambientales. Estos mineros utilizan cianuro y mercurio para extraer el oro, contaminando el suelo y los ríos de la zona. El presidente Chaves señaló que recientemente se decomisaron 4.2 toneladas de químicos destinados a la extracción ilegal en Crucitas.
La propuesta del presidente Chaves plantea un dilema crucial: cómo equilibrar la explotación de un recurso económico significativo con la protección del medio ambiente y el cumplimiento de las leyes vigentes.
La explotación de Crucitas podría generar ingresos sustanciales y beneficios económicos para Costa Rica, pero también conlleva riesgos ambientales y sociales que no pueden ser ignorados.
