El Tribunal de Apelación de la Sentencia Penal de Goicoechea, en Costa Rica, anuló la orden de extradición del campesino nicaragüense Pedro Javier Fernández Sandoval, requerido por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, tras permanecer detenido por casi un año en ese país.
La resolución 2026-0213 revocó una sentencia previa dictada en septiembre de 2025 por el Tribunal Penal del I Circuito Judicial de San José, la cual autorizaba su entrega a Nicaragua. El recurso fue presentado por la defensa de Fernández y declarado parcialmente con lugar, suspendiendo la orden de extradición.
Fernández, detenido el 27 de febrero de 2025, es acusado por la Fiscalía nicaragüense del asesinato de la oficial de Policía Aracely Díaz y del trabajador Pedro Pablo Chavarría. Los hechos se remontan al 1 de octubre de 2022, en un supuesto asalto en la comunidad de Buena Vista, municipio de El Castillo, en el departamento de Río San Juan.
Pese a la revocatoria de la extradición, el Tribunal ordenó que Fernández quede a disposición del Ministerio Público costarricense, que deberá abrir una investigación local sobre los hechos y, de ser necesario, solicitar pruebas a Nicaragua mediante el Tratado de Asistencia Legal Mutua en Asuntos Penales vigente en la región centroamericana.
El acusado, con tres décadas de residencia en Costa Rica, es considerado por varias ONG como un “perseguido político” del régimen Ortega-Murillo. La solicitud de extradición forma parte del mismo caso en el que fueron involucrados otros opositores: Douglas Pérez, ya entregado a Nicaragua en febrero de 2025 y beneficiado con medidas cautelares por la CIDH, y Reinaldo “Comandante Omar” Picado, quien permanece refugiado en territorio costarricense.
La acusación del gobierno nicaragüense sostiene que los tres hombres, junto a otros presuntos implicados armados con fusiles y pistolas, habrían asaltado a trabajadores de la empresa Agro Industrial del Río, quienes transportaban dinero para el pago de planilla.
