La Corte Suprema de Justicia de Panamá (CSJ), admitió 4 demandas más de inconstitucionalidad en contra de la Ley 406l, mediante la cual se aprobó el polémico contrato minero entre el Estado y una forma de origen canadiense, el mismo que ha desatado las multitudinarias protestas por todo el país.
Se informó que 2 demandas fueron admitidas el lunes 30 de octubre por 2 magistradas sustanciadoras de la Corte.
Ambas fueron presentadas por los abogados Ernesto Cedeño Alvarado y Roberto Ruiz Díaz. Y una vez que admitidas, fueron trasladadas al procurador de la Administración, Rigoberto González, y de igual forma al procurador general, Javier Caraballo.
Este martes otras 2 magistradas sustanciadoras admitieron 2 demandas más de inconstitucionalidad presentadas por un grupo de 13 profesionales del derecho y por la firma forense Estudio Jurídico Cedeño.
Las mismas de igual manera fueron canalizadas para que en un término de 10 días hábiles se comunique si estas proceden.
“Es importante señalar que de conformidad con lo establecido en el artículo No. 2564 del Código Judicial para este tipo de procesos, una vez devuelto el expediente con el concepto del procurador, se publicará un edicto por 3 días en un periódico de circulación nacional, para que en el término de diez días hábiles el demandante y todas las personas interesadas en el caso presenten sus argumentos por escrito a través de abogado”, aseguró a través de un comunicado la CSJ.
De igual manera, al vencerse el término anterior, el magistrado sustanciador deberá examinar todos los escritos presentados y deberá proceder a confeccionar un proyecto de decisión, el cual deberá poner a consideración de los magistrados de la CSJ, quienes podrán presentar observaciones y consideraciones.
