Corte Suprema de Honduras declara inconstitucionales las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Honduras declaró inconstitucionales las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), un proyecto aprobado en 2013 con el objetivo de atraer inversiones al país. 

La decisión fue recibida con satisfacción por la presidenta Xiomara Castro, quien destacó su importancia para la soberanía nacional.

El pleno de la CSJ, en una votación mayoritaria, determinó que el Decreto 236-2012, que reformaba los artículos 294, 303 y 329 de la Constitución, así como el Decreto 120-2013, que contenía la Ley Orgánica de las ZEDE, vulneraban disposiciones fundamentales de la Carta Magna. 

“Se declaran nulos con efectos retroactivos”, anunció el Poder Judicial a través de su cuenta en la red social X.

Las ZEDE, impulsadas durante el gobierno de Porfirio Lobo (2010-2014), fueron concebidas como zonas de desarrollo económico similares a Hong Kong y Singapur. Sin embargo, su implementación generó controversia y preocupación entre diversos sectores, quienes advertían sobre el riesgo de que estas zonas funcionaran como pequeños estados con sus propias leyes, lo que podría implicar una pérdida de soberanía.

La presidenta del Poder Judicial, Rebeca Ráquel Obando, subrayó que la derogación de este marco legal representa un avance significativo en la defensa del Estado de derecho en Honduras. 

“Nos brinda la oportunidad de replantear estrategias de desarrollo que beneficien a la población de manera equitativa”, indicó.

Tras el fallo, Xiomara Castro expresó su satisfacción, calificando la decisión de la CSJ como “patriótica, histórica y justa”. 

La mandataria enfatizó que “la justicia para el pueblo hondureño es no vender nuestro territorio en partes ni privatizar nuestra soberanía”.

Reacciones a favor y en contra

Mientras el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, celebraba la decisión sobre las ZEDE, políticos opositores advertían del riesgo que implica la decisión.

“Gracias a la Corte Suprema de Justicia por haber restaurado la soberanía que en el Congreso Nacional no permitieron hacer estos mismos apátridas, quienes públicamente afirmaron que no apoyarían la ratificación de la derogación constitucional”, dijo Redondo, incondicional con el gobierno de Xiomara Castro.

El diputado del Partido Nacional, Francisco López, dijo que aunque el fallo es de cumplimiento obligatorio, “lo terminará pagando el hondureño de a pie, porque viene una demanda de más de 10 mil millones de dólares que no sé de dónde la vamos a pagar”.

El vicepresidente del Congreso Nacional, Hugo Noé Pino, además, por su parte, explicó que “desde el comienzo se había hecho advertencias, y los inversionistas serios y responsables saben que una parte del territorio no puede tener una moneda diferente a la del territorio nacional, ni su propia Policía o tipo de impuestos, y eso tiene que establecerlo el país con la soberanía que lo caracteriza”.

Las ZEDE son áreas designadas con un régimen legal y administrativo especial que permitían la implementación de leyes propias, diferentes a las del resto del país, lo que incluía regulaciones laborales, fiscales y de seguridad, diseñadas para incentivar la llegada de empresas extranjeras y nacionales. 

El funcionamiento de las ZEDE se basaba en la creación de un marco jurídico que otorgaba autonomía a las autoridades locales para gestionar estos territorios. 

Esto incluía la posibilidad de establecer incentivos fiscales, así como normativas laborales más flexibles, con la intención de atraer a inversores y generar empleos. 

Sin embargo, esta autonomía generó preocupaciones sobre la soberanía nacional y el posible debilitamiento de las instituciones del Estado, ya que las ZEDE operaban bajo un régimen que muchos consideraban paralelo al sistema jurídico nacional.

Hay 3 de estas zonas operando en Próspera, Morazán y Orquídea.