La crisis migratoria en el Darién ha dejado al descubierto el control que ejercen grupos armados sobre la zona fronteriza. Migrantes que cruzan la selva denuncian pagos obligados al Clan del Golfo y a coyotes extorsionados por estas estructuras criminales para permitirles continuar su paso.
El corredor también es utilizado como ruta clave para el envío de drogas hacia Centroamérica. Ante esta situación, las Fuerzas Militares de Colombia y Panamá sostuvieron una reunión de alto nivel en Cartagena. En este encuentro, definieron una hoja de ruta para intensificar operaciones conjuntas.
En el encuentro participaron el almirante Francisco Hernando Cubides Granados, comandante de las Fuerzas Militares de Colombia; y, por Panamá, Larry Solís Velázquez, director general del Senafront. También estuvieron presentes autoridades del Servicio Nacional Aeronaval.
Los representantes confirmaron la creación de Áreas Nombradas de Interés para desplegar acciones específicas contra el Clan del Golfo, Manzana Cero y Mafias Filipinas.
Entre las medidas acordadas se incluyen controles marítimos y aéreos, patrullajes en pasos fluviales y selvas, vigilancia de rutas migratorias ilegales y detección de campamentos clandestinos. Además, se pondrá especial atención en frenar delitos como el contrabando, la pesca ilegal y la explotación minera en territorios protegidos.
Las autoridades resaltaron que operaciones conjuntas previas han permitido la incautación de más de 27 toneladas de cocaína, la captura de cerca de 50 personas y la destrucción de maquinaria utilizada para actividades ilícitas. En esta ocasión, la cooperación se fortalecerá. Incorporarán el uso de drones, sensores y monitoreo satelital.
En materia migratoria, Panamá informó que los controles han reducido en un 94 % el paso irregular por el Darién en comparación con inicios de 2024. La estrategia bilateral también consolidó un corredor humanitario en Necoclí, Antioquia. Allí el flujo de migrantes cayó de 500 a 20 personas por día.
La alianza entre Colombia y Panamá, vigente desde hace más de dos décadas, se mantiene como uno de los mecanismos más importantes de la región para combatir delitos transnacionales y garantizar mayor seguridad en la frontera.
