Las cárceles de la región superan en promedio el 200% de su capacidad y funcionan como centros de mando de redes criminales. Desde esos recintos se planifican extorsiones, secuestros y operaciones de narcotráfico con total impunidad, según alertan expertos en seguridad regional.
El diagnóstico proviene del informe “Drugs, Guns and Cash: A Strategic Threat to the Americas”. El estudio analiza cómo el hacinamiento, la corrupción y la falta de coordinación regional han convertido al sistema penitenciario en el corazón operativo del crimen transnacional.
De acuerdo con el documento, los sistemas penitenciarios centroamericanos dejaron de rehabilitar y pasaron a coordinar el delito. En muchos casos, los líderes de pandillas mantienen comunicación con funcionarios corruptos, manejan dinero desde prisión y dictan órdenes mediante teléfonos satelitales.
El informe también advierte que más del 60% de las rutas del narcotráfico sirven simultáneamente para traficar migrantes, armas y dinero ilícito, lo que convierte a Centroamérica en un corredor criminal donde confluyen las principales economías ilegales del hemisferio.
Guatemala, Honduras y El Salvador concentran los puntos más críticos. En el caso guatemalteco, zonas como Petén e Izabal se utilizan como centros logísticos para almacenamiento y tránsito de cargamentos, mientras las instituciones locales permanecen infiltradas por redes delictivas.
En Honduras, el hacinamiento y la debilidad institucional permiten que las pandillas mantengan poder económico y político incluso dentro de los penales de máxima seguridad. Esa influencia se proyecta hacia las calles mediante sobornos, amenazas y reclutamiento de nuevos miembros.
Fuera de las cárceles, los mismos grupos controlan las rutas migratorias y del narcotráfico. Cada migrante paga entre 5 mil y 10 mil dólares por cruzar el istmo, dinero que financia parte de la estructura criminal que domina el corredor centroamericano.
El documento propone crear una red regional de fiscales y jueces especializados en crimen transnacional, así como un sistema financiero unificado para rastrear movimientos sospechosos y congelar activos vinculados al narcotráfico y la trata de personas.
El texto concluye con una advertencia: sin justicia independiente ni cooperación real entre países, Centroamérica corre el riesgo de convertirse en una “zona sin Estado”, donde las cárceles, las fronteras y los gobiernos sigan respondiendo a una sola autoridad: la del crimen organizado.