La Unión Europea decidió relajar ciertas disposiciones de las sanciones impuestas a varios regímenes, incluidos Nicaragua y Venezuela, según informes de Europa Press.
Esta medida, centrada en facilitar las operaciones de organizaciones humanitarias en zonas de crisis, se alinea con las directrices establecidas por las Naciones Unidas.
El Consejo de la Unión Europea ha introducido excepciones específicas en la congelación de activos, que afectan a personas y entidades en países como Bosnia y Herzegovina, Burundi, Guinea, Líbano, Birmania, Nicaragua, Túnez, Venezuela y Zimbabue, así como en el marco de sanciones contra ciberataques.
Esta decisión permite a las organizaciones humanitarias, reconocidas por la resolución 2664 (2022) del Consejo de Seguridad de la ONU y socios de la UE, realizar transacciones financieras con individuos o entidades sancionadas, siempre y cuando se destinen a asistencia humanitaria para poblaciones vulnerables.
Los Veintisiete han acordado también revisar periódicamente estas excepciones para asegurar su adecuación y realizar ajustes futuros si fuesen necesarios.
La Unión Europea enfatiza que esta flexibilización de las medidas restrictivas salvaguarda la acción humanitaria de actores imparciales, enviando un mensaje claro a los operadores humanitarios y actores económicos sobre la no interferencia de las políticas de sanciones en la prestación de ayuda humanitaria.
Contexto de las sanciones a Nicaragua
La crisis política y social en Nicaragua ha sido un tema de preocupación internacional desde 2018.
En octubre de 2023, la Unión Europea extendió por un año más, hasta el 15 de octubre de 2024, las sanciones impuestas a funcionarios del régimen nicaragüense, incluyendo a Rosario Murillo, esposa del presidente Daniel Ortega, y a sus hijos.
Estas, inicialmente aprobadas en 2019, prohíben la entrada a los países de la UE a 23 individuos y 3 entidades nicaragüenses y congelan sus bienes y activos en la Unión.
Nicaragua, bajo el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, ha sido considerada una dictadura con acusaciones de crímenes de lesa humanidad.
La UE ha manifestado que la solución a la crisis política en Nicaragua debe encontrarse a través de un diálogo genuino entre el gobierno y la oposición.
Entre los funcionarios sancionados se encuentran figuras clave de la dictadura y de instituciones estatales, incluyendo a miembros del Poder Judicial, la Policía Nacional y el Poder Electoral.
Las sanciones también se extienden a la propia Policía Nacional, el Consejo Supremo Electoral (CSE) y el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor).
Esta decisión de la Unión Europea de flexibilizar parcialmente las sanciones refleja un equilibrio entre mantener la presión sobre regímenes considerados represivos y asegurar que la ayuda humanitaria llegue a las poblaciones necesitadas en momentos de crisis.
