El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Guatemala presentó un amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC) en el que expone que hay una amenaza de rompimiento democrático, en medio de una batalla legal emprendida por el Ministerio Público en contra del ente colegiado.
De acuerdo al escrito, el TSE reclama que hay una amenaza “cierta, futura e inminente de que las autoridades enunciadas vulneren el estado democrático de derecho, al no garantizar el ejercicio de las funciones del Tribunal, de los órganos electorales temporales y de la ciudadanía en general, para el desarrollo de un proceso electoral hasta su conclusión en un ambiente de libertad y plena vigencia de los derechos constitucionales”.
Las autoridades que señala el escrito son el ministro de Gobernación, David Barrientos; de la Defensa Nacional, Henry Reyes; magistrados de la Corte Suprema de Justicia; la fiscal general, Consuelo Porras; el procurador general, Wuelmer Gómez; director de la Policía Nacional Civil , Edwin Ardiano; procurador de Derechos Humanos, José Córdova; y el ministro de Finanzas, Edwin Martínez.
El @TSEGuatemala presentó un amparo ante la @CC_Guatemala por la amenaza del rompimiento democrático. El @MPguatemala @mingobguate @PGNguatemala son algunas de las partes señaladas por el Tribunal. pic.twitter.com/RgZQm0xTqC
— Alex Rojas (@alexr_pl) July 21, 2023
El Ministerio Público, la Fiscalía Especial contra la Impunidad y un tribunal de justicia mantienen una campaña de intervención al TSE, por negarse a la cancelación del Movimiento Semilla, uno de los dos partidos que disputarán la segunda vuelta electoral el 25 de agosto próximo.
Las autoridades judiciales alegan que hay una caso de falsificación de registros de miembros del instituto político y debido a ello ordenó incluso allanamientos en el Registro de Ciudadanos, una entidad adscrita al Tribunal Electoral, y hasta giró una orden de arresto contra una de las encargadas de dicha dependencia.
Organismos internacionales, gobiernos amigos y la sociedad civil guatemalteca han denunciado que se trata de un proceso de extralimitación judicial que atenta contra la democracia y el estado de derechos.
