Un avión presidencial adquirido por el gobierno de Honduras durante el mandato de Juan Orlando Hernández (2014- 2022), fue adquirido irregularmente a un costo de $14 millones y el Estado hondureño ha gastado más de $43 millones en él, reveló este miércoles el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) en un informe titulado Avión presidencial: el despegue del saqueo a una nación.
El informe presenta un análisis financiero que muestra las grandes erogaciones de dinero para la adquisición, uso y mantenimiento de la aeronave, seguido de una serie de hallazgos investigativos y financieros que exponen el mal manejo de los fondos públicos y finalmente se evidencia el impacto socioeconómico a las finanzas estatales.
La aeronave presidencial, un Embraer Legacy 600, actualmente está a la venta por decisión de la presidenta Xiomara Castro.
Juan Orlando Hernández, su predecesor, está preso en Estados Unidos y enfrenta un proceso judicial por narcotráfico.
El avión fue adquirido en octubre de 2014, en una operación hecha por los administradores de los fondos de la Tasa de Seguridad Poblacional, bajo la modalidad de contratación directa y bajo la clasificación de información como secreta.
La aeronave tuvo un costo total de $14 millones, equivalentes a 297 millones 846,300 lempiras
Además, la aeronave implicó otros gastos como la construcción de un hangar exclusivo por $ 1,7 millones.
“La compra del avión presidencial no se registró como activo (bien) del Estado de Honduras; por el contrario, fue registrado en la cuenta por cobrar: Amigos de Honduras”, revela el CNA.
Además, el CNA, aseguro que “pudo constatar el desembolso total de Mil 77 millones 713,684.68 lempiras (equivalentes a $43 millones 451,975] por parte del Estado de Honduras, a través de la Tasa de Seguridad Poblacional, en concepto de adquisición, uso, mantenimiento y operación de la aeronave presidencial Embraer Legacy 600, la cual estaba destinada para uso exclusivo de los altos funcionarios del Gobierno.
Según la investigación, “se evidenció que la compra de la aeronave se registró como una deuda a cargo del Estado de Honduras, cuando evidentemente se trató de un bien que el Estado adquirió en propiedad, así como también, la omisión a las disposiciones de la Ley de Contratación del Estado, las significativas erogaciones destinadas al mantenimiento de la aeronave, a las operaciones especiales y al entrenamiento de pilotos”, dice el CNA.
“El CNA aspira a que la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado investigue la denuncia presentada en torno a la compra y uso del avión presidencial, debido a la serie de hallazgos que exponen el mal manejo de los fondos públicos”, dijo la organización tras presentar su informe.
La investigación asegura que se constataron “múltiples irregularidades en el aspecto financiero como los pagos irregulares a sociedades mercantiles del extranjero, el pago de gastos de viaje sin soporte de liquidación, la duplicidad de pagos, los desembolsos en exceso como efecto de la devaluación de la moneda y el pago a un proveedor bajo una resolución sin vigencia denotando una mala administración de fondos públicos”.
La aeronave presidencial recorrió un total de 1,606 horas de vuelo con 36 minutos, ocasionando con ello un impacto socioeconómico al Estado de Honduras de 670 mil 803.99 lempiras (poco más de 27 mil dólares) por cada hora de vuelo ”por lo cual, se pudo evidenciar que con dicho monto se pudo pagar el salario mínimo de 43 ciudadanos”.
