El comisionado presidencial para Derechos Humanos y Libertad de Expresión, el colombiano Andrés Guzmán, presentó su renuncia al cargo, a casi dos años de haber sido nombrado por el presidente Nayib Bukele.
La dimisión, conocida este lunes por la madrugada ocurre en medio de una nueva ola de detenciones contra activistas y defensores de derechos humanos en El Salvador
“Hoy cierro un capítulo que marcó profundamente mi vida y me llenó de aprendizajes junto al pueblo salvadoreño y al liderazgo transformador del presidente Bukele”, escribió Guzmán en la red social X. En el mismo mensaje compartió la carta de renuncia fechada el 15 de mayo, la cual fue aceptada por el mandatario salvadoreño a partir del día siguiente..
Guzmán agradeció la oportunidad de servir al país y, sin aludir a las recientes detenciones, aseguró que renuncia “con gratitud y admiración”, destacando que “el camino hacia grandes cambios nunca es recto ni simple, pero siempre necesario”.
Hoy cierro un capítulo que marcó profundamente mi vida y me llenó de aprendizajes junto al pueblo salvadoreño y al liderazgo transformador del presidente @nayibbukele . Renuncio con gratitud y admiración, consciente de que el camino hacia grandes cambios nunca es recto ni… pic.twitter.com/rxItk81Mrk
— Andrés GUZMAN CABALLERO (@andresguzm) May 19, 2025
La salida del funcionario coincide con la detención de al menos tres activistas en los últimos días, lo que ha generado preocupación entre organizaciones nacionales e internacionales.
Las personas detenidas son Ruth López, jefa Anticorrupción de la organización Cristosal; el abogado ambientalista Alejandro Henríquez; y José Ángel Pérez, líder de una cooperativa de campesinos.
Cristosal, una ONG que ha documentado violaciones a derechos humanos durante el régimen de excepción implementado desde 2022, denunció anteriormente acoso estatal y espionaje contra sus miembros.
Durante su mandato, Andrés Guzmán fue criticado por negar reiteradamente que en El Salvador se estén cometiendo violaciones a los derechos humanos, a pesar de informes en sentido contrario por parte de organismos como Human Rights Watch, Amnistía Internacional y la CIDH.
En una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2023, Guzmán afirmó que en El Salvador “no existen torturas ni violaciones a la libertad de expresión” y que “no hay una sola denuncia de agresión contra periodistas”, omitiendo investigaciones abiertas por espionaje con el software Pegasus.
En julio de 2024, también negó que se cometan torturas en las cárceles salvadoreñas, incluso en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una megacárcel que alberga a más de 15.000 presuntos pandilleros bajo estrictas condiciones de encierro.
