En el marco del séptimo aniversario del inicio de la represión estatal en Nicaragua, el gobierno de Estados Unidos anunció este viernes la imposición de restricciones de visa a más de 250 funcionarios vinculados al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Con esta nueva ronda de sanciones, suman ya más de 2,000 personas sancionadas por Washington desde 2018.
La medida fue anunciada por el secretario de Estado, Marco Rubio, quien afirmó que Estados Unidos continúa promoviendo la rendición de cuentas de los responsables de violaciones a los derechos humanos y ataques sistemáticos a la democracia en Nicaragua.
“Los Estados Unidos no toleraremos los sistemáticos ataques de Ortega y Murillo contra Nicaragua”, declaró Rubio. “A siete años de la brutal ola de represión del régimen contra manifestantes, reflexionamos sobre su valentía y deseos de vivir en una Nicaragua libre de tiranía”.
As I stated during my first visit to our region, the Nicaraguan regime is an enemy of humanity. The Trump Administration will not tolerate threats to U.S. security from a regime that weaponizes immigration and positions Nicaragua as a hub for illegal immigrants trying to cross…
— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) April 18, 2025
Las restricciones se aplican conforme a la Proclamación Presidencial 10309, que prohíbe el ingreso a territorio estadounidense, tanto de forma migrante como no migrante, a personas que hayan formulado, ejecutado o se hayan beneficiado de políticas y acciones que socaven las instituciones democráticas en Nicaragua.
Rubio endurece discurso contra el régimen
En su declaración, el secretario Rubio —quien asumió el cargo en la actual administración tras su papel destacado en política exterior como senador— fue tajante al calificar al régimen nicaragüense como una amenaza regional:
“Como señalé durante mi primera visita a nuestra región, el régimen nicaragüense es un enemigo de la humanidad”, expresó. “La administración Trump no tolerará amenazas a la seguridad estadounidense por parte de un régimen que instrumentaliza la inmigración y posiciona a Nicaragua como un centro para inmigrantes ilegales que intentan cruzar nuestra frontera”.
Rubio también se refirió a la red de lealtades que sostiene al régimen, calificando a los sancionados como “compinches de la dinastía autoritaria Ortega-Murillo”.
Contexto: siete años de represión y exilio
La medida llega en una fecha simbólica: el 18 de abril se cumplen siete años desde que estallaron las protestas ciudadanas en Nicaragua en 2018, desencadenadas inicialmente por reformas al sistema de seguridad social y reprimidas con violencia por el gobierno. Desde entonces, más de 300 personas han muerto, miles han sido encarceladas o forzadas al exilio, y centenares de organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación han sido clausurados.
En años recientes, el régimen ha intensificado su autoritarismo mediante la eliminación de partidos políticos, la persecución a líderes religiosos, la supresión de libertades fundamentales y la consolidación de un poder absoluto por parte de la pareja presidencial.
Compromiso con la democracia
El Departamento de Estado reiteró que Estados Unidos continuará utilizando todas las herramientas disponibles para apoyar al pueblo nicaragüense en su lucha por la democracia y los derechos humanos.
“Seguimos comprometidos con el pueblo de Nicaragua y sus aspiraciones de libertad. La rendición de cuentas es fundamental para el futuro democrático de la región”, concluyó Rubio.
