El Consejo Supremo Electoral de Nicaragua, bajo control de la dictadura de Daniel Ortega, declaró ilegal al partido indígena YATAMA pocos días después del arresto de sus dos líderes y de la ocupación de su sede y dos radioemisoras comunitarias en la región del Caribe norte.
Así lo denunciaron fuentes de esa fuerza política indígena a la prensa local e internacional.
El tribunal electoral emitió una resolución el martes en la tarde, notificando cancelación de la personalidad jurídica del partido Yapti Tasba Masraka Nanih Aslatakanka (YATAMA), que en lengua miskita significa “Hijos de la Madre Tierra”.
La cancelación del permiso legal de YATAMA, la principal organización política de los miskitos en Nicaragua, deja sin representación legal a los miembros de esa etnia.
La cancelación fue firmada por el director general de la Oficina de Atención a Partidos Políticos del CSE, Julio Acuña.
“Adjunto con el presente oficio certificación de la resolución del Consejo Supremo Electoral de las dos de la tarde del día tres de octubre del año 2023 constituida de un folio útil, en el que se le cancela la personalidad jurídica al Partido Regional Yapti Tasba Masraka Nanih Asla Takanka (Yatama). Sirva la presente de notificación suficiente para todos los efectos de ley”.
La notificación fue enviada a Carla Evis White Hodgson, representante del Partido Indígena Multiétnico (PIM), afín al régimen sandinista y no a la representante legal de Yatama, Elízabeth Henríquez, quien está desaparecida desde el pasado domingo cuando fue citada a la policía en Managua.
La anulación de YATAMA ocurrió luego de la captura del diputado indígena Brooklyn Rivera, de 71 años, secuestrado la policía del dictador Daniel Ortega el 30 de septiembre en la ciudad de Bilwi, en el noreste del país.
Desde entonces su paradero también es desconocido, pues policía tampoco ha informado sobre la situación de los dirigentes miskitos, los únicos dos diputados de YATAMA ante el Parlamento nacional.
Simultáneamente la policía ocupó y confiscó las dos radios comunitarias propiedad de YATAMA en las ciudades de Bilwi y Waspam, denunció el partido indígena en un comunicado en el que exigió su devolución y la liberación de sus líderes.
En un comunicado el estatal Instituto de Telecomunicaciones y Correos (Telcor) indicó que ambas emisoras pasarían a manos del Estado debido a que estaban operando ilegalmente, “utilizando frecuencias del espectro radioeléctrico sin contar con ningún título habilitante vigente”.
Según YATAMA, estas acciones del gobierno buscan impedir su participación en las elecciones regionales previstas para marzo de 2024 en el Caribe norte y sur, donde el partido indígena goza de importante apoyo popular.
Rivera fue uno de los líderes de los “contras” que lucharon militarmente desde el movimiento miskito YATAMA contra el primer gobierno de Ortega en la década de 1980.
Fue aliado de los sandinistas en las elecciones de 2006 y 2011, pero luego tomó distancia y se declaró diputado independiente.
En los cuestionados comicios de 2021 en los que Ortega fue reelegido por tercera vez tras encarcelar a sus principales rivales políticos, Rivera retuvo su banca de diputado gracias al apoyo de la población miskita.
En abril el gobierno le impidió a Rivera ingresar a Nicaragua luego de asistir a un foro de Naciones Unidas en Nueva York donde denunció las frecuentes invasiones de tierras de las comunidades indígenas. Rivera dijo que se vio obligado a ingresar al país por “puntos ciegos” de La Mosquitia, en la frontera con Honduras. Nicaragua vive una grave crisis social y política desde la rebelión que estalló en abril de 2018 y que fue reprimida con violencia por policías y paramilitares con un saldo de 355 muertos, más de 2.000 heridos y al menos 100.000 exiliados durante ese año, según organizaciones de derechos humanos.
