El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, presentó una querella penal contra el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, ante el Juzgado de Paz Penal de turno en la Ciudad de Guatemala. Lo hizo en su calidad de ciudadano guatemalteco.
La acción legal solicita que se inicie un proceso penal contra Curruchiche por la posible comisión de 6 delitos: abuso de autoridad, revelación de secretos, resoluciones violatorias a la Constitución, infracción de privilegio, obstrucción de justicia y tráfico de influencias.
Según Arévalo, el fiscal usó información reservada para señalarlo públicamente y vulnerar garantías constitucionales.
Antecedentes: acusaciones públicas y divulgación de audios
La querella surge tras las declaraciones que Curruchiche realizó el 21 de octubre de 2025, cuando presentó una investigación sobre un convenio entre el Ministerio de Salud y la UNOPS, en la que mencionó al mandatario.
Luego, los días 23, 24, 25 y 28 de octubre, el fiscal difundió 4 videos en su cuenta de X, donde reveló audios e información presuntamente obtenida mediante escuchas telefónicas y otros métodos de investigación.
De acuerdo con la querella, esa divulgación de material reservado constituye una violación a la ley y a los privilegios constitucionales del presidente.
Qué significa la querella penal
Una querella es una acción legal que puede presentar una persona directamente afectada por un delito. A diferencia de una denuncia, convierte al querellante en parte activa del proceso penal.
Con esta presentación, Arévalo busca que un juez determine si existen fundamentos para abrir una investigación formal contra el jefe de la FECI.
Contexto político y judicial
La acusación ocurre en un ambiente de tensión institucional, marcado por disputas entre el Ejecutivo y sectores del Ministerio Público. Arévalo ha señalado en ocasiones anteriores que estas acciones forman parte de intentos por obstaculizar su gobierno.
Por su parte, Curruchiche sostiene que actúa bajo la ley y que las investigaciones responden a posibles hechos de corrupción.
Hasta ahora, el Ministerio Público no ha emitido una respuesta oficial sobre la querella.
