El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, se presentará este viernes a la Asamblea Legislativa en el marco de una audiencia convocada por una solicitud de desafuero planteada por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). El mandatario es investigado por presunta beligerancia política acumulada en 15 denuncias bajo el expediente 25.230.
Las acusaciones giran en torno al uso de símbolos partidarios, frases en actos públicos y llamados directos a votar por 40 congresistas, lo cual, según el TSE, podría violar el principio de neutralidad.
Uno de los puntos más polémicos ha sido el uso de la imagen del jaguar, símbolo del partido Movimiento Tiempo de Valientes (MOTIVA), en actos oficiales, así como declaraciones en conferencias, cadenas nacionales y programas presidenciales que insisten en la necesidad de obtener una mayoría legislativa para impulsar reformas estructurales.
“Nos vamos a divertir muchísimo”, declaró Chaves en tono desafiante previo a la audiencia, a la que asistirá con su abogado José Miguel Villalobos. Ambos sostienen que el desafuero solicitado por el TSE es inconstitucional, ya que “los magistrados no tienen competencia para sancionar al presidente por beligerancia política”, afirmó el defensor.
Las denuncias
Entre los denunciantes figuran líderes políticos como Antonio Ortega, Fernando Mendoza, Johanna Obando, así como los presidentes de los partidos PLN y PAC, además del excandidato Claudio Alpízar y otros ciudadanos.
El presidente ya enfrentó un proceso similar el 22 de septiembre, cuando el Congreso no logró los votos necesarios para retirarle el fuero en un caso por supuesta concusión. En esa ocasión, compareció durante varias horas en una audiencia calificada como inédita en la historia política reciente del país.
Este viernes se repetirá parte de aquella dinámica, con la participación de una comisión especial integrada por los diputados Daniel Vargas (oficialismo), Rocío Alfaro (Frente Amplio) y una nueva representante del PLN. La comisión deberá presentar un informe a más tardar el 30 de noviembre, luego de haber solicitado una prórroga.
El informe legislativo será elevado al Plenario, que deberá votar si procede o no a levantar el fuero al presidente. El proceso podría definirse a mediados de diciembre, en una coyuntura política marcada por choques entre el Ejecutivo y el TSE.
Durante los últimos meses, Chaves ha intensificado sus críticas a la autoridad electoral, acusándola de “estirar la Constitución”, interpretar la ley de forma “antojadiza” y “crear delitos inexistentes”.
Entre los hechos que se le cuestionan están sus intervenciones del 4 de diciembre, 22 y 29 de enero, cadenas nacionales y actos públicos como la Anexión del Partido de Nicoya, donde reiteró su pedido por 40 diputados. También se evalúan sus comentarios en programas oficiales y su participación en una marcha contra el Ministerio Público y el Poder Judicial.
En respuesta a la audiencia, convocó a sus seguidores a manifestarse pacíficamente frente a la Asamblea Legislativa. “Necesito que el pueblo me acompañe porque no es solo una persona la que está enfrentando esta situación, es el pueblo costarricense el que está diciendo basta a la politiquería, basta a la manipulación”, afirmó.
Mientras la comisión analiza el caso, el presidente sigue insistiendo en que se trata de una persecución política. Sin embargo, el proceso avanza bajo la lupa ciudadana, en un contexto donde se pone a prueba el equilibrio entre el ejercicio del poder y los límites legales en la democracia costarricense.
