El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, denunció este jueves que la nueva solicitud de desafuero presentada en su contra por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) equivale a un “golpe de Estado”, al considerar que dicho órgano carece de potestades para pedir el levantamiento de su inmunidad.
La controversia surge a raíz de 15 denuncias acumuladas en el TSE por presunta “beligerancia política”, un delito que en Costa Rica consiste en que los funcionarios utilicen sus cargos para favorecer a partidos o candidatos durante una campaña electoral.
El TSE remitió la petición a la Asamblea Legislativa para que, mediante votación, se decida si retira el fuero al mandatario y permite que el órgano electoral lo procese.
Chaves sostiene que esa decisión carece de sustento legal y que su ejecución equivaldría a una destitución indirecta:
“Eso no tiene ni pies ni cabeza. No existe competencia alguna del TSE para juzgar y destituir a un presidente. Eso sería un golpe de Estado legítimamente repudiado por todas las naciones del mundo”, declaró en entrevista con Radio Columbia.
La acusación del mandatario no es nueva. En septiembre pasado, Chaves ya enfrentó un proceso inédito de desafuero, esta vez impulsado por la Fiscalía General por presunta corrupción vinculada a contratos financiados con recursos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
La Corte Suprema avaló la solicitud, pero el Congreso rechazó el levantamiento del fuero al no alcanzar la mayoría calificada de 38 votos.
El resultado, 34 a favor y 21 en contra, permitió a Chaves mantener su inmunidad. En ese momento también denunció que se intentaba un “golpe institucional” en su contra.
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Marco legal y tensiones electorales
De acuerdo con la legislación costarricense, los funcionarios —incluido el presidente— tienen prohibido participar en actos proselitistas o beneficiar desde sus cargos a partidos y candidatos.
El incumplimiento puede acarrear sanciones que van desde la inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta la destitución.
El inicio oficial de la campaña electoral, el 2 de octubre, impuso además restricciones a la comunicación gubernamental: el Ejecutivo puede realizar conferencias de prensa o inaugurar obras, pero no difundir propaganda de gestión en medios oficiales o redes sociales.
Chaves acusa al TSE de haberle impuesto una “mordaza” y de “cambiar las reglas” del proceso.
Congreso bajo presión
El directorio legislativo ya fijó el 20 de octubre como fecha límite para definir la hoja de ruta del nuevo trámite de desafuero.
El proceso coincide con un ambiente político crispado: Costa Rica celebrará elecciones generales el 1 de febrero de 2026 con veinte candidatos presidenciales inscritos, sin que Chaves pueda optar a la reelección inmediata.
Con sus advertencias de “golpe de Estado”, Chaves intenta proyectar la imagen de un mandatario acosado por un sistema institucional que busca removerlo antes del final de su mandato, previsto para el 8 de mayo de 2026.
Sus opositores, en cambio, consideran que el presidente utiliza un discurso confrontativo para victimizarse y desacreditar los mecanismos de control previstos en la Constitución.
La batalla política y jurídica en torno a su inmunidad mantiene en vilo a Costa Rica, un país tradicionalmente reconocido por la estabilidad democrática en Centroamérica.
