El periodista nicaragüense Miguel Mendoza, ex prisionero político de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo y desterrado a Estados Unidos en 2023, denunció en redes sociales una amenaza de muerte proferida por la propagandista oficialista identificada como Samantha Sabrina Carrión Quintanilla.
La agitadora al servicio de la dictadura, además se burló del reciente asesinato en Costa Rica del mayor retirado Roberto Samcam, una de las voces más críticas del régimen, asesinado a balazos el pasado 19 de junio.
Durante una transmisión en vivo, Carrión Quintanilla —esposa del propagandista y asalariado del régimen Marcio Raúl Arana Vargas— descalificó como “fake” las noticias publicadas por Mendoza y sus colegas exiliados Luis Galeano y Jennifer Ortiz, todos ellos desnacionalizados y desterrados por sus críticas a la dictadura.
Luego Samantha Sabrina Carrión Quintanilla vertió sus amenazas:
“Pero ¿sabés qué no fue fake? Que a Roberto Samcam le fue feito… porque todos ellos andan en malos pasos. Vamos a ir practicando para dar la noticia de Miguel Mendoza y compañía bien limitada”, dijo la propagandista, en alusión al asesinato de Samcam y sugiriendo que el mismo destino podría alcanzar a Mendoza y otros periodistas exiliados.
Tras la denuncia pública de Mendoza, Arana Vargas, pareja de la apologista del crimen, amenazó con golpearlo si lo encontraba, aunque luego admitió que ello era “imposible” porque el periodista fue desterrado y “nunca volverá a Nicaragua”.
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El asesinato que celebró Samantha Carrión
Roberto Samcam, coronel retirado del Ejército Popular Sandinista y analista militar crítico del gobierno, fue asesinado el pasado 19 de junio en su residencia de San José, Costa Rica.
Recibió al menos ocho disparos a quemarropa por parte de dos atacantes que ingresaron a su vivienda, en un hecho que investigadores locales no descartan que haya sido ordenado desde Nicaragua.
Las autoridades costarricenses califican el crimen como un caso político y sospechan del Ejército de Nicaragua, bajo servidumbre de la dictadura Ortega Murillo, como autores intelectuales del asesinato.
Su muerte se enmarca en una serie de hechos violentos contra periodistas críticos al régimen, como Mendoza, Galeano, Ortiz, Cristiana Chamorro y más de 350 comunicadores más exiliados.
Odio sandinista a periodistas
Organismos de derechos humanos han documentado patrones de persecución, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, que califican como crímenes de lesa humanidad por órdenes de Ortega y Murillo, atornillados al poder desde 2007 mediante fraudes, manipulación de leyes y violencia.
Desde las protestas de abril de 2018, el régimen Ortega-Murillo ha intensificado la represión contra medios y comunicadores críticos.
Decenas de periodistas han sido encarcelados, cientos forzados al exilio y más de una treintena desnacionalizados y despojados de sus bienes. Medios como Confidencial, La Prensa y 100% Noticias fueron allanados, confiscados o forzados a operar desde el extranjero.
El propio Mendoza pasó 20 meses en prisión por “menoscabo a la integridad nacional” antes de ser desterrado junto a otros 221 presos políticos en febrero de 2023. Desde entonces, ha continuado su labor periodística en el exilio, denunciando las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua.
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La maquinaria digital de la dictadura
Diversos informes, entre ellos los del Observatorio de Agresión a la Prensa del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, han revelado que el régimen destina millones de córdobas al financiamiento de “granjas de troles”.
Ellos, por órdenes de Ortega y Murillo, han lanzado campañas coordinadas en redes sociales para acosar, deshumanizar y amenazar a opositores, periodistas y defensores de derechos humanos.
Estas operaciones incluyen la difusión de noticias falsas, ataques personales y la normalización de la violencia contra voces críticas, como ocurrió en las declaraciones de Carrión Quintanilla.
Amenazas y ataques: un patrón documentado (2018-2025)
La amenaza contra Mendoza no es un hecho aislado, sino el último episodio de una política de Estado que combina represión legal, persecución física y campañas de odio digital con alcance transnacional:
- 2018 – Tras las protestas de abril, asalto policial a 100% Noticias y hostigamiento a Confidencial. Decenas de periodistas huyen al exilio.
- 2019 – Uso de leyes de “terrorismo” e “incitación al odio” contra comunicadores. Luis Galeano recibe amenazas de muerte. Surgen las primeras granjas de troles financiadas por el Estado.
- 2020 – Entra en vigor la Ley Especial de Ciberdelitos (“Ley Mordaza”), que criminaliza la información crítica. Jennifer Ortiz recibe amenazas directas en redes.
- 2021 – Arresto de más de 40 opositores antes de las elecciones, incluido Mendoza, enviado a la cárcel El Chipote por casi dos años.
- 2022 – Muerte en prisión del exguerrillero Hugo Torres. Murillo intensifica el discurso de odio contra la prensa, llamándolos “vendepatrias”.
- 2023 – Destierro a EE.UU. de 222 presos políticos y desnacionalización de otros 94 opositores, entre ellos Galeano y Ortiz.
- 2024 – Expansión del acoso digital contra periodistas en el exilio, con amenazas y burlas sobre muertes de opositores.
- 2025 – Asesinato de Roberto Samcam en Costa Rica; amenazas públicas de Carrión Quintanilla anticipando la muerte de Mendoza y otros periodistas.
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Buscan silenciar a la prensa
Analistas advierten que este patrón busca no solo silenciar a la prensa independiente, sino enviar un mensaje de que el exilio no ofrece protección frente al alcance represivo de la dictadura.
“Cuando un propagandista oficialista celebra un asesinato y anticipa otro, no es una broma: es un mensaje directo de intimidación política”, señaló un periodista exiliado consultado al respecto.
En el plano internacional, organizaciones como Human Rights Watch y el Comité para la Protección de los Periodistas han alertado sobre el aumento del acoso transnacional, una táctica utilizada por regímenes autoritarios para perseguir a sus críticos más allá de sus fronteras mediante amenazas, campañas de difamación e incluso atentados.
El caso de Miguel Mendoza se suma a una lista creciente de comunicadores exiliados que, pese a vivir en democracias consolidadas, siguen siendo blanco de operaciones de intimidación diseñadas para silenciarlos desde Nicaragua.
