Las autoridades panameñas comenzaron el lunes una auditoría financiera y de cumplimiento a la empresa Panama Ports Company (PPC), filial de CK Hutchison Holdings, con sede en Hong Kong, que opera los puertos estratégicos de Balboa y Cristóbal, situados en las entradas del Canal de Panamá.
Este movimiento responde a cuestionamientos sobre los beneficios económicos que la empresa aporta al país y se enmarca en un contexto de tensiones geopolíticas y críticas internas y la advertencia del presidente estadounidense Donald Trump de que busca recuperar el Canal de Panamá precisamente por el control de las empresas chinas en los puertos.
El contralor general de Panamá, Anel Flores, anunció la auditoría la semana pasada, argumentando que PPC está generando un retorno “muy poco significativo” para la nación.
“Estamos frente a una situación que no podemos permitir. Entraremos con una auditoría severa para garantizar que los acuerdos de concesión se estén cumpliendo y que los aportes al Estado sean los adecuados”, afirmó Flores en su primera conferencia de prensa el pasado 14 de enero.
Hoy, nuestros auditores llegaron a Panama Ports Company para dar inicio a una exhaustiva auditoría que tiene como objetivo garantizar el uso eficiente y transparente de los recursos públicos.#ContraloríaPanamá #CGRPanamá pic.twitter.com/Whlfii7dNf
— Contraloría General de la República de Panamá (@ContraloriaPma) January 20, 2025
Una concesión polémica desde su origen
Panama Ports Company administra los puertos desde 1997, cuando se le otorgó un contrato de concesión de 25 años, renovado automáticamente por igual período en 2021. Sin embargo, esta renovación estuvo rodeada de denuncias de corrupción y de condiciones desfavorables para Panamá, que posee apenas un 10 % de las acciones de la empresa.
La Contraloría busca determinar si PPC está cumpliendo con sus obligaciones contractuales, incluyendo el reporte correcto de ingresos y el pago de aportes al Estado.
Estos puertos son cruciales debido a su ubicación en una de las rutas comerciales más importantes del mundo, a través de la cual transita el 3 % del comercio global.
Flores comparó la situación actual con un “enclave colonial”, refiriéndose a que PPC opera infraestructuras portuarias construidas por Estados Unidos antes de la reversión del Canal en 1999.
“Los panameños nos merecemos más respeto y más recursos de una empresa que ha multiplicado exponencialmente el manejo de contenedores desde que inició su operación”, enfatizó.
Tensiones con el gobierno de Trump
El manejo de los puertos de Balboa y Cristóbal ha sido objeto de controversia internacional, especialmente tras las declaraciones del expresidente estadounidense Donald Trump, quien acusó a China de controlar el Canal de Panamá. Aunque el Gobierno panameño ha desmentido esta afirmación reiteradamente, el señalamiento reavivó debates sobre la influencia extranjera en la administración del Canal.
El analista panameño José Stoute consideró que las denuncias de Trump podrían haber influido en la decisión de iniciar esta auditoría. Sin embargo, subrayó que más allá de las tensiones políticas internacionales, la fiscalización es necesaria debido a las críticas locales sobre corrupción y los términos desventajosos del contrato.
Reafirmación de soberanía panameña
El Gobierno panameño, liderado por el presidente José Raúl Mulino, volvió a desmentir las acusaciones de Trump, reafirmando que el Canal de Panamá “es y seguirá siendo de Panamá” y que su soberanía no está comprometida.
“No hay presencia de ninguna nación extranjera que interfiera en su administración”, aseguró el Ejecutivo, destacando que la recuperación del Canal fue el resultado de una lucha histórica del pueblo panameño.
Con la auditoría a PPC, Panamá busca fortalecer la transparencia en la gestión de sus recursos estratégicos y asegurar que la operación de sus puertos beneficie de manera justa a la nación. El proceso será observado de cerca tanto a nivel nacional como internacional, dada la importancia económica y política de los puertos en cuestión.
