Diversas organizaciones internacionales de derechos humanos han destacado el aporte del informe presentado por el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, sobre las espeluznantes condiciones de las libertades en ese país centroamericano.
Esta vez, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) y el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más han emitido un comunicado conjunto destacando la gravedad de las conclusiones presentadas, las cuales han arrojado luz sobre la estructura represiva y la cadena de mando de la dictadura encabezada por Daniel Ortega y Rosario Murillo.
El informe, que constituye el segundo presentado por el GHREN desde marzo de 2023, señala la implicación de altos funcionarios del régimen nicaragüense en graves violaciones de los derechos humanos, incluyendo crímenes de lesa humanidad.
“Se destaca la represión generalizada contra la disidencia y las voces críticas, así como la centralización total del poder en manos de Ortega y Murillo, particularmente en el ámbito judicial”, dicen las organizaciones de derechos humanos.
La estructura de represión, según el informe, está encabezada por Ortega y Murillo, quienes delegan acciones represivas a varios funcionarios, incluyendo a los tenebrosos asesores de seguridad Néstor Moncada Lau, Horacio Rocha y Fidel Moreno.
El informe destaca que otros altos cargos como la fiscal general Ana Julia Guido, la ministra del Interior María Amelia Coronel, el viceministro del Interior Luis Cañas Novoa y el presidente de la Asamblea Nacional Gustavo Porras son identificados como principales operadores de la sangrienta represión contra el pueblo nicaragüense.
La crisis sociopolítica, que inició en abril de 2018 y desde entonces continúa en Nicaragua, ha dejado una trágica cifra de al menos 355 personas fallecidas y 4 mil heridas de bala, principalmente a manos de grupos paraestatales y policías.
El informe establece que Ortega, Murillo y funcionarios de siete instituciones estatales, incluyendo la Policía, son responsables de estos actos.
El GHREN profundizó su análisis de los patrones de violaciones y abusos, destacando una perpetuación de la persecución contra la disidencia y una total impunidad que se ha extendido más allá de las fronteras de Nicaragua.
Además, se detallan casos de expulsión de sacerdotes, cierre de universidades y la confiscación de propiedades como formas de represión.
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional y el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más hacen un llamado a la comunidad internacional para que el Estado de Nicaragua rinda cuentas por sus obligaciones en virtud de los tratados internacionales.
“Se exige justicia para las víctimas de las violaciones documentadas y se insta a garantizar un acceso justo y efectivo a los procedimientos de identificación y protección de refugiados”, clamaron las organizaciones.
