Líderes opositores y defensores de derechos humanos nicaragüenses en el exilio exigieron justicia internacional tras la publicación de un informe de la ONU que revela la participación de 54 altos funcionarios del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en crímenes de lesa humanidad cometidos desde 2018.
Félix Maradiaga, político nicaragüense y ex preso de conciencia actualmente exiliado en Estados Unidos, calificó el documento como “una radiografía precisa y alarmante del autoritarismo institucionalizado” en Nicaragua.
“Este informe representa un paso crucial hacia la justicia para miles de víctimas que han sufrido bajo la brutalidad del régimen”, escribió en sus redes sociales.
Aunque reconoció que Nicaragua no es parte del Estatuto de Roma, tratado que rige la Corte Penal Internacional, Maradiaga recordó que existen precedentes legales para establecer tribunales internacionales o aplicar el principio de justicia universal desde otros Estados.
El peso de la verdad: ONU señala a 54 altos mandos por crímenes contra el pueblo nicaragüense.
Este nuevo informe del Grupo de Expertos sobre Nicaragua representa un paso crucial hacia la justicia para miles de víctimas que han sufrido bajo la brutalidad del régimen de Daniel…
— Félix Maradiaga (@maradiaga) April 3, 2025
“La justicia, aunque lenta, llegará inexorablemente”, sostuvo.
“Que paguen sus crímenes”
También se pronunció el obispo nicaragüense Silvio José Báez, exiliado en Estados Unidos desde 2019 tras recibir amenazas, quien afirmó: “Al conocer los nombres y apellidos de quienes con brutalidad han reprimido al pueblo de Nicaragua, la exigencia de justicia es más urgente. Cada uno debe ser procesado y pagar por sus crímenes”.
Las declaraciones se produjeron tras la decisión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que aprobó este jueves la renovación por dos años más del mandato del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), con 29 votos a favor, 4 en contra y 14 abstenciones.
El informe actualizado, presentado durante la sesión, detalla cómo el régimen nicaragüense ha consolidado un aparato de represión que involucra a fuerzas militares, policiales, judiciales y políticas bajo una cadena de mando directa de Ortega y Murillo.
El Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la @ONU_es en #Nicaragua ha publicado un nuevo informe nombrando a oficiales del Gobierno, del ejército y del partido gobernante que, afirma, son responsables de graves violaciones de #derechoshumanos.
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— UN Human Rights Council (@UN_HRC) April 3, 2025
Entre los 54 funcionarios señalados figuran el jefe del Ejército, Julio César Avilés; el director general de la Policía Nacional, Francisco Díaz; la fiscal general, Ana Julia Guido; y operadores del sistema judicial, el Ministerio del Interior, la Asamblea Nacional y el partido gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
“Todas las personas nombradas han desempeñado funciones clave en detenciones arbitrarias, torturas, ejecuciones extrajudiciales, represión contra medios y sociedad civil, campañas de desnacionalización y confiscaciones”, indicó el GHREN.
Ariela Peralta, miembro del grupo de expertos, explicó que las violaciones documentadas no son hechos aislados, sino parte de una política estatal. “Lo que descubrimos es un sistema de represión estrechamente coordinado, que se extiende desde la Presidencia hasta los funcionarios locales”, afirmó.
Crímenes de lesa humanidad
El GHREN fue creado en marzo de 2022 para investigar las violaciones cometidas desde las protestas sociales de abril de 2018, cuando el gobierno reprimió violentamente una ola de manifestaciones contra una reforma al sistema de pensiones.
Al conocer los nombres y apellidos de quienes con brutalidad y desvergüenza han reprimido al pueblo de #Nicaragua, la exigencia de justicia es mayor y más urgente. Demasiado dolor, humillación y muerte han provocado. Cada uno de ellos debe ser procesado y pagar por sus crímenes.
— Silvio José Báez (@silviojbaez) April 3, 2025
Desde entonces, al menos 350 personas murieron, más de 2,000 resultaron heridas y más de 600,000 nicaragüenses han sido forzados al exilio. El régimen ha clausurado más de 3,400 organizaciones sociales, medios de comunicación y universidades, además de despojar de su nacionalidad a más de 300 opositores.
La pareja presidencial ha concentrado el poder en todas las instituciones del Estado y ha criminalizado toda forma de disidencia.
En febrero de este año, la vicepresidenta Rosario Murillo anunció que Nicaragua se retiraría del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, rechazando los informes del GHREN y acusando al organismo de ser “una herramienta imperialista”.
A pesar del retiro, la comunidad internacional ha reiterado su compromiso de seguir documentando las violaciones y apoyando mecanismos de justicia. El Colectivo Nicaragüense de Derechos Humanos “Nicaragua Nunca Más” calificó la renovación del mandato como “un paso clave para garantizar el monitoreo internacional y frenar la impunidad”.
