El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) de la Organización de Naciones Unidas (ONU), concluyó que el dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, la codictadora, Rosario Murillo, junto con otros altos funcionarios del Estado, deberían ser objeto de investigaciones judiciales por presunta responsabilidad en crímenes de lesa humanidad en el país centroamericano.
Durante la presentación de un nuevo informe este jueves 29 de febrero en Ginebra, Suiza, al concluir el segundo año de investigación, el presidente del GHREN, Jan Simon, destacó que la dictadura de Ortega “persigue a su propio pueblo, apuntando a estudiantes universitarios, pueblos indígenas, pueblos afrodescendientes, campesinos y miembros de la Iglesia católica y de otras confesiones cristianas”.
El informe aborda las violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen de Ortega desde 2023, incluyendo el destierro y despojo de la nacionalidad de 317 nicaragüenses, en continuidad con el primer informe presentado en marzo de 2023.
Jan Simon presidente del #GHREN al hablar del segundo informe sobre la dictadura sandinista pic.twitter.com/bjQOMTdXXj
— Café con Voz (@CafeconVozNi) February 29, 2024
Esta última aberración en derechos humanos, se le agrega al amplísimo expediente y cifras de más de 355 asesinatos cometidos por policías, militares y fanáticos sandinistas desde abril de 2018.
Desde entonces, por órdenes de la familia Ortega-Murillo, se hirieron a balazos a más de 4,000 personas; detención, tortura, secuestro, desaparición y cárcel arbitraria a más de 7,000 personas, violaciones sexuales, ejecuciones sumarias, incineración de familias completas y más crueldades.
Un patrón sistemático
Según el GHREN, “el Gobierno ha desarrollado y ampliado aún más sus patrones de victimización”, perpetrando crímenes de lesa humanidad como encarcelamiento y deportación en el contexto de una política discriminatoria para perseguir y silenciar sistemáticamente a personas opositoras o percibidas como tales, aplicada desde los más altos niveles del Gobierno.
La investigación también revela que los crímenes de lesa humanidad del régimen orteguista están dirigidos contra civiles, incluidos niños y estudiantes, con fines políticos, afectando a diversos sectores de la sociedad, desde sacerdotes, seminaristas, periodistas, empleados del Poder Judicial, jueces, líderes indígenas, estudiantes y miembros de organizaciones de la sociedad civil, movimientos políticos y campesinos.
El GHREN mencionó casos particularmente graves, como el de la propietaria de la franquicia Miss Nicaragua y su familia, quienes fueron criminalizados y desterrados después de que ondearan banderas nacionales azules y blancas durante manifestaciones a favor de la candidata nicaragüense en el concurso ‘Miss Universo’ 2023.
El informe identifica la estructura de mando de la represión, señalando a Ortega, a Murillo; al presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras; a la fiscal general Ana Julia Guido; al magistrado del Poder Judicial, Marvin Aguilar; al secretario municipal Fidel Moreno; a la ministra del Interior, Amelia Coronel Frech y al tenebroso viceministro del Interior, Luis Roberto Cañas Novia, como responsables de los crímenes contenidos.
Víctimas son incluso niños
La investigación del GHREN revela que los crímenes de lesa humanidad perpetrados por la dictadura orteguista son dirigidos a civiles, incluidos niños y estudiantes, con fines políticos.
A su vez, identifica como víctimas de la persecución generalizada a miembros de diferentes sectores de la sociedad desde sacerdotes, seminaristas, periodistas, empleados del Poder Judicial, jueces, líderes indígenas, estudiantes y miembros de organizaciones de la sociedad civil, movimientos políticos y campesinos.
“Los propios familiares de las víctimas de violaciones de los derechos humanos son victimizados por la única razón de ser parientes de personas opositoras al Gobierno o percibidas como tales”, indican.
El GHREN también apuntó que la persecución en contra de los familiares de las víctimas del régimen son particularmente graves cuando afectan a las niñas y a los niños, quienes fueron discriminados y vulnerados en sus derechos por las actividades u opiniones de sus padres, que contraviene con la Convención sobre los Derechos del Niño.
“Algunas niñas y niños han sido separados de sus padres, a quienes se les expulsó o impidió la entrada en Nicaragua, y también porque a los niños se les habría negado un pasaporte válido para reunirse con sus padres”, denunció y reprochó el GHREN.
El GHREN reiteró sus recomendaciones al Estado de Nicaragua y a la comunidad internacional, exigiendo el cumplimiento de las obligaciones en materia de derechos humanos y la adopción de medidas para garantizar la justicia y la protección de los derechos fundamentales en el país centroamericano.
Entre estas recomendaciones se incluyen el aumento de sanciones individuales a los señalados de los crímenes; investigación de las denuncias graves para entablar acciones judiciales en tribunales internacionales contra los criminales y otros más
