La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) presentó este martes un informe que alerta sobre el grave deterioro de los derechos fundamentales en Nicaragua, destacando un aumento en la represión y persecución contra voces disidentes.
El documento, presentado ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, expone una intensificación progresiva de las medidas represivas implementadas por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Christian Salazar Volkmann, director de la División de Operaciones sobre el Terreno y Cooperación Técnica de la ACNUDH, expresó que la situación en Nicaragua sigue siendo “profundamente preocupante” y denunció la persistencia de detenciones arbitrarias, hostigamiento a familiares de los detenidos y un uso desmedido de las leyes penales para silenciar a la sociedad civil.
Contexto del conflicto en Nicaragua
Desde las protestas masivas de abril de 2018, el régimen de Ortega-Murillo ha intensificado el control sobre los poderes del Estado y la represión contra aquellos que critican o se oponen a su gobierno.
La ONU denunció una persecución religiosa y hostigamiento a familias de activistas en Nicaragua. Más detalles: https://t.co/HT4g38ro0V pic.twitter.com/VaFDL894bP
— El Noticiero Televen (@El_Noticiero) September 10, 2024
Las elecciones de noviembre de 2021, en las que Ortega se aseguró un nuevo mandato tras encarcelar a casi todos los candidatos opositores, fueron ampliamente condenadas como fraudulentas por la comunidad internacional.
En respuesta, la dictadura ha promulgado una serie de leyes que limitan la libertad de expresión, organización y movimiento, utilizando al sistema judicial como herramienta para acallar a la disidencia.
El informe de la ACNUDH señala que las personas que intentan manifestar sus opiniones, ya sean miembros de la sociedad civil, activistas o periodistas, son las principales víctimas de esta represión.
Violaciones sistemáticas y persecución
El informe detalla que, hasta julio de este año, al menos 141 personas, de las cuales 116 son hombres y 25 mujeres, permanecían encarceladas bajo condiciones que han sido descritas por organizaciones de derechos humanos como “arbitrarias”. Estas detenciones van acompañadas de malos tratos y tortura, según los informes recopilados.
Además, se advierte sobre el impacto del “destierro forzado”, una práctica que ha dejado a al menos 62 nicaragüenses en una situación de apatridia de facto, sin poder regresar al país y alejados de sus familias.
Este fenómeno ha agravado la vulnerabilidad de estos individuos, quienes enfrentan barreras para la protección de sus derechos en el extranjero.
El Alto Comisionado también resaltó el “desmantelamiento progresivo” de la sociedad civil en Nicaragua, con la cancelación arbitraria de 303 organizaciones durante el último año, y la disolución de más de 5.000 desde 2018.
Este desmantelamiento ha afectado particularmente a las organizaciones que defienden los derechos de las mujeres, exacerbando la represión de las voces disidentes y limitando el acceso a servicios esenciales y oportunidades laborales para miles de personas.
Persecución religiosa y ataques a la Iglesia
El informe también aborda la persecución contra la Iglesia Católica y otras organizaciones religiosas. Desde 2018, más de 1.100 organizaciones religiosas han sido cerradas, y varios sacerdotes han sido detenidos arbitrariamente, expulsados del país o despojados de sus bienes.
Salazar Volkmann denunció que esta persecución forma parte de una estrategia más amplia para restringir la libertad de culto y la expresión religiosa en Nicaragua.
Las iglesias, que históricamente han jugado un papel crucial en la mediación de conflictos en el país, son ahora blanco de las autoridades debido a su postura crítica frente al gobierno.
Recomendaciones y llamados a la acción
Volker Türk, Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, instó al gobierno de Nicaragua a liberar de inmediato a las personas detenidas arbitrariamente y a cesar los actos de tortura y malos tratos. También llamó a restablecer el espacio cívico, permitiendo la reactivación de las organizaciones de la sociedad civil y eliminando las leyes que violan los derechos humanos.
Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua dijo en 57ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU (#HRC57) que la situación en #Nicaragua ha empeorado dramáticamente, Gobierno continúa cometiendo graves violaciones de derechos humanos.
➡️ https://t.co/vIbhvkEzG9 pic.twitter.com/Jg2GYWvDjI
— United Nations Human Rights Council (@UN_HRC) September 10, 2024
El informe hace hincapié en la necesidad de reformar el sistema judicial para garantizar su independencia y proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Asimismo, se subraya la importancia de modificar las leyes que actualmente permiten la criminalización de la oposición política y el desmantelamiento del tejido social.
Implicaciones internacionales y resistencia interna
La comunidad internacional, incluidos varios organismos de derechos humanos, ha mantenido un seguimiento constante de la situación en Nicaragua, condenando las violaciones y aplicando sanciones a altos funcionarios del régimen.
Sin embargo, el régimen Ortega-Murillo sigue desafiando estas presiones externas y defendiendo sus acciones como necesarias para preservar la “soberanía y estabilidad” del país.
A pesar del clima represivo, activistas y defensores de derechos humanos continúan luchando, tanto desde el interior como desde el exilio, por una Nicaragua más justa y democrática.
El informe de la ACNUDH pone de manifiesto la urgencia de una respuesta internacional coordinada para abordar la crisis y garantizar que se haga justicia a las víctimas de las violaciones de derechos humanos en el país.
La versión del gobierno nicaragüense en el foro
Durante la presentación del informe ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la procuradora general de Nicaragua, Wendy Carolina Morales Urbina, intervino en defensa de las acciones del régimen.
Morales reiteró que el país ha sido víctima de una “campaña de desinformación y manipulación” impulsada por actores internacionales que, según ella, buscan desestabilizar al gobierno y promover una intervención extranjera.
Morales afirmó que las medidas adoptadas por el gobierno nicaragüense, incluidas las detenciones y la cancelación de organizaciones de la sociedad civil, responden a la necesidad de mantener la “paz y soberanía” de la nación.
En su discurso, rechazó las acusaciones de violaciones a los derechos humanos y enfatizó que las autoridades están actuando dentro del marco legal para proteger al país de lo que calificó como “tentativas golpistas” y amenazas a la estabilidad nacional.
Además, la procuradora cuestionó la legitimidad del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) y del informe presentado por la Oficina del Alto Comisionado de la ONU, acusándolos de parcialidad y de responder a intereses geopolíticos de “los imperialistas de la Tierra”.
Sostuvo que Nicaragua no aceptará los informes presentados por estos organismos y que los avances sociales y económicos del país han sido ignorados en favor de una narrativa que busca denigrar al gobierno sandinista.
Con este discurso, el gobierno de Nicaragua mantuvo su postura de rechazo hacia las críticas internacionales, defendiendo sus acciones como necesarias para preservar la “independencia y autodeterminación” frente a lo que considera una injerencia extranjera.
