La Fundación del Río y su presidente, el ambientalista nicaragüense Amaru Ruiz, denunciaron este martes ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo comete violaciones sistemáticas contra pueblos indígenas y afrodescendientes.
De acuerdo con la denuncia internacional, la dictadura de Nicaragua busca favorecer proyectos mineros, especialmente de origen chino, en territorios legalmente titulados en detrimento de las familias indígenas.
Durante el Diálogo interactivo con el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Ruiz advirtió que el Gobierno nicaragüense impulsa reformas legales y concesiones que “avalan el saqueo y despojo de los bienes naturales del país, al tiempo que financian su modelo de represión política”.
Concesiones mineras en áreas protegidas
El ambientalista explicó que, según datos oficiales y del informe de la Oficina del Alto Comisionado (Acnudh), el 47,9 % de las áreas protegidas de Nicaragua se superpone con territorios indígenas.
Entre ellas destacan las reservas de la biosfera Bosawás y Río San Juan, reconocidas por la Unesco, y la Reserva Biológica Indio Maíz.
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Recordó que el 6 de mayo fue aprobada la Ley 1248, que permite por primera vez establecer concesiones mineras dentro de áreas de conservación ambiental.
“Esto abre la puerta a un despojo masivo”, subrayó Ruiz, al detallar que nueve lotes fueron entregados dentro de siete territorios indígenas y afrodescendientes sin consulta ni consentimiento previo.
Entre los casos más graves, mencionó dos concesiones dentro del territorio Rama y Kriol, en Indio Maíz, otorgadas en junio a la empresa de capital chino Thomas Metal Sociedad Anónima. También se contabilizan nueve lotes en Bosawás y cuatro en la reserva del Río San Juan.
Represión y violencia de colonos armados
Ruiz alertó que los pueblos indígenas y afrodescendientes están expuestos a la violencia de colonos armados, que operan con tolerancia del Ejército de Nicaragua.
“La represión no solo viene de leyes y decretos, sino también de la acción de grupos armados que ocupan y depredan sus tierras con total impunidad”, afirmó.
El informe de la ONU confirma la expansión de la minería ilegal, la tala y la ganadería extensiva en territorios indígenas.
Desde 2019, se han instalado explotaciones de oro en tierras Rama y Kriol sin autorización comunitaria, lo que ha provocado deforestación acelerada y desplazamientos forzados.
Además, al menos ocho guardabosques mayangna permanecen detenidos de forma arbitraria, mientras otros enfrentan órdenes de captura que les impiden ejercer su labor de protección territorial.
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Financiamiento de la represión
“La actividad minera no solo viola los derechos humanos de los pueblos originarios, también sirve como fuente de financiamiento para el aparato represivo del régimen”, denunció Ruiz.
Añadió que los defensores ambientales corren riesgos crecientes de detención, hostigamiento y violencia.
La Fundación del Río instó a los Estados miembros de la ONU a exigir a Nicaragua el cumplimiento de las recomendaciones de la Acnudh, incluida la restitución de los territorios ocupados ilegalmente por colonos y el cese de las concesiones sin consulta.
Antecedentes internacionales
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ya había condenado al Estado nicaragüense por violar el derecho a la consulta en perjuicio de las comunidades Rama y Kriol y del pueblo creole de Bluefields.
Sin embargo, las concesiones mineras siguen en expansión, en un contexto de creciente dependencia económica de inversiones chinas en minería, energía e infraestructura.
Ruiz cerró su intervención con un llamado urgente: “La supervivencia cultural y física de los pueblos indígenas y afrodescendientes en Nicaragua está en riesgo. No se trata solo de la protección ambiental, sino de la dignidad y la vida de comunidades enteras”.
