La inmensa mayoría de nicaragüenses tiene una percepción negativa sobre los servicios públicos de salud y educación bajo la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, de acuerdo con los resultados de la Encuesta de Percepción Ciudadana de septiembre de 2025, elaborada por la organización Hagamos Democracia.
En el caso del sistema de salud, el 86.75 % de los encuestados expresó una valoración negativa de la calidad del servicio. Apenas un 13.25 % dijo tener una percepción positiva.
Además, un alarmante 95 % considera que la atención médica está politizada y sujeta a intereses partidarios, mientras solo un 5 % cree que es imparcial.
Los ciudadanos encuestados indicaron que, ante la baja calidad y falta de confianza en el sistema público, deben recurrir a servicios médicos privados, afectando su economía familiar.
La percepción general es que el aparato de salud pública funciona como un instrumento de control político más que como un servicio para el bienestar ciudadano.
partidización del sistema educativo como la razón para su baja calidad.
En cuanto al sistema educativo, el 72.25 % calificó negativamente la calidad de la enseñanza, mientras un 24.50 % la consideró regular. Solo un 1.75 % valoró la educación como buena y un mínimo 1 % como muy buena.
Entre las causas más señaladas de esta percepción destacan la partidización del contenido educativo (78.93 %), la ineficiencia del programa académico (13.71 %) y la poca preparación docente (5.33 %).
El informe también revela que el 97 % de los consultados ha presenciado prácticas de adoctrinamiento político en centros educativos. De ellos, el 36.5 % señala que estas ocurren exclusivamente en instituciones públicas, mientras que el 63.5 % afirma que también suceden en centros privados, los cuales —según el reporte— enfrentan presiones, amenazas de cierre o intervenciones si no replican los lineamientos ideológicos del régimen.
Este panorama refleja una creciente preocupación por la instrumentalización política de los sistemas de salud y educación en Nicaragua, lo cual supone un retroceso para los derechos ciudadanos y las libertades fundamentales.
La encuesta fue realizada en 40 municipios del país —tanto urbanos como rurales— mediante entrevistas por WhatsApp y Signal, y contó con la participación de 400 personas.
