La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo puso en vigencia una nueva Ley Electoral que redefine las reglas del sistema político del país, reforzando su control sobre el proceso electoral y eliminando la independencia del Consejo Supremo Electoral (CSE), ahora subordinado directamente a la pareja dictatorial.
La reforma, publicada en el Diario Oficial La Gaceta, medio oficial del régimen, introduce más de 20 modificaciones estructurales, entre ellas la creación de la figura de copresidentes, el aumento de cinco a seis años del periodo de Gobierno, la eliminación de la segunda vuelta electoral y la reducción del número de magistrados del CSE.
La nueva norma deroga la Ley Electoral vigente desde el año 2000.
Eliminación de la autonomía electoral
Uno de los cambios más significativos es la conversión del CSE en un órgano subordinado a la Presidencia, eliminando su carácter de poder del Estado.
De acuerdo con el texto de la reforma, el Ejecutivo ahora “coordinará y supervisará” el trabajo de los magistrados electorales, quienes deberán acatar los lineamientos del Gobierno.
Asimismo, el número de magistrados del CSE se reduce de siete a seis, distribuidos en tres propietarios y tres suplentes. La edad mínima para ser magistrado se reduce de 30 a 25 años, mientras que el requisito de residencia continuada en el país para optar al cargo aumenta de cuatro a seis años.
Ampliación del periodo presidencial y más escaños en el Parlamento
El nuevo marco electoral también establece que a partir de 2027, el mandato presidencial se extenderá de 5 a 6 años, permitiendo a Ortega y Murillo prolongar su estadía en el poder.
Por otro lado, la Asamblea Nacional pasará de 91 a 94 diputados. De estos, 70 serán elegidos por circunscripción departamental, 20 por representación nacional y los cuatro restantes corresponderán a los dos copresidentes salientes y a los candidatos que hayan quedado en segundo lugar en la elección presidencial.
Eliminación de la segunda vuelta y cancelación de partidos
Otro aspecto clave de la nueva Ley Electoral es la eliminación de la segunda vuelta en caso de que ningún candidato alcance el 50% de los votos.
Ahora, la Presidencia será ocupada por el candidato que obtenga la mayoría simple, favoreciendo aún más la perpetuación del régimen.
Además, la normativa introduce un mecanismo más flexible para cancelar la personería jurídica de los partidos políticos.
A partir de ahora, cualquier ciudadano, además del Ministerio Público y otras entidades estatales, podrá solicitar al CSE la disolución de una organización política si considera que ha violado la Constitución o las leyes.
La nueva legislación también otorga al CSE la facultad de cancelar partidos de oficio, sin necesidad de una denuncia previa.
Reforma constitucional y consolidación del régimen
Estos cambios en la Ley Electoral se enmarcan en la reforma constitucional aprobada en febrero de 2025, que transformó el sistema político de Nicaragua, eliminando el balance de poderes y estableciendo un control total de Ortega y Murillo sobre el Estado.
Dicha reforma fue duramente criticada por la ONU, la Organización de Estados Americanos (OEA), Estados Unidos y el Parlamento Europeo, ya que legaliza la apatridia, crea las “fuerzas militares de reserva patriótica” y la “policía voluntaria”, entidades que opositores consideran como estructuras parapoliciales y paramilitares utilizadas para reprimir a la disidencia.
La comunidad internacional ha condenado las reformas, calificándolas como un golpe definitivo contra la democracia en Nicaragua, consolidando un sistema de partido único y reprimiendo aún más a la oposición política.
Organizaciones de derechos humanos han alertado sobre un recrudecimiento de la persecución política y un aumento en la migración forzada de ciudadanos que buscan escapar del régimen.
