El Departamento de Estado de Estados Unidos presentó un informe sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua, donde reveló continuas violaciones graves como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas, detenciones arbitrarias, censura mediática, persecución laboral, trabajo infantil y represión religiosa. Todo esto sin sanción para los responsables.
A pesar de que la ley dice garantizar la libertad de expresión en Nicaragua, el régimen de Daniel Ortega cerró medios independientes, confiscó activos, exilió periodistas y restringió el acceso a internet, generando un vacío informativo que asfixia la discrepancia pública.
Mientras tanto, en material laboral, los sindicatos independientes sufren un acoso sistemático. El Estado impone sindicatos afines al oficialismo, repite manipulaciones y bloquea tarifas colectivas libres, mientras los trabajadores van perdiendo derechos fundamentales sin tener protección legal.
No hay garantías de seguridad
El informe del gobierno norteamericano denuncia que el gobierno de Nicaragua no investiga ni castiga los abusos cometidos por las fuerzas paramilitares o parapoliciales, que actúan con impunidad en el territorio. Como resultado del accionar de las autoridades, gran parte de la población guarda silencio, vive con miedo y sufre el control de una aparente violencia oficial.
Los reclusos y especialmente los presos políticos en el país centroamericano han denunciado sufrir torturas físicas y psicológicas constantes, alimentación deficiente, aislamiento prolongado y condiciones inhumanas en centros de detención como en La Modelo. Mujeres detenidas en denunciado ser víctimas de abusos sexuales y recurrentes humillaciones.
Castigos para quienes piensan diferente
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) y medios regionales han informado que miles de nicaragüenses en el exilio son convertidos en “apátridas de facto”, es decir, sin nacionalidad, sin partencia a su país, sin derechos y sin reconcomiendo legal.
El régimen de Ortega les niega el acceso a pasaportes que en ocasiones les son reportados como robados y les bloquean totalmente el ingreso a Nicaragua.
De acuerdo al Grupo de Expertos de la ONU más de 50 funcionarios del régimen están implicados en una campaña organizada de represión con detenciones arbitrarias, torturas, confiscaciones de bienes y persecución de opositores y periodistas. Todo esto como si se tratara de una política de Estado.
La respuesta del régimen
En respuesta a las acciones impulsadas por Ortega, Estados Unidos ya impuso restricciones de visas a más de 250 funcionarios, sumando más de 1.400 desde 2021. El régimen respondió a esto acusando a Washington de “intervencionista” y negando cualquier validez al documento.
Vale señalar que no existen garantías en el país. Nicaragua se retiró del Consejo de Derechos Humanos, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
De acuerdo a Estados Unidos, la situación en Nicaragua representa una amenaza regional donde se violan derechos que deberían ser universales, hay impunidad y autoritarismo. La nación norteamericana considera a Nicaragua como una dictadura avanzada con represión, censura, abuso y despojos dirigidos por el Estado.
