La dictadura nicaragüense anunció este jueves 10 de abril que continuará con el proceso judicial iniciado ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) contra Israel, revocando así su decisión previa de retirar la demanda, según informó la codictadora Rosario Murillo, en una declaración transmitida por medios estatales.
Murillo, quien funge como portavoz principal del régimen, afirmó que su dictadura había comunicado el 1 de abril su intención de descontinuar el proceso debido a “las restricciones económicas” que enfrenta Nicaragua.
No obstante, aseguró que tras una semana de “recrudecimiento de las violaciones contra el pueblo palestino”, el país decidió retomar su papel en el caso impulsado inicialmente por Sudáfrica contra Israel, por presuntas violaciones a la Convención para la Prevención del Genocidio.
“El alto costo financiero que implica para un país en desarrollo como el nuestro nos obligó a retirarnos”, sostuvo Murillo. “Pero el atropello tras atropello a las normas del derecho internacional nos ha llevado a reconsiderarlo”, agregó. También afirmó que “ofrecimientos de cooperación internacional” hicieron posible la reversión de la decisión.
Antecedentes del proceso
El 23 de enero de 2024, Nicaragua solicitó formalmente ante la Corte Internacional de Justicia el permiso para intervenir como parte en el procedimiento iniciado por Sudáfrica contra Israel, bajo el argumento de que el Estado judío estaba cometiendo un genocidio contra el pueblo palestino en el contexto de su ofensiva militar en la Franja de Gaza, iniciada tras los ataques de Hamás el 7 de octubre de 2023.
La solicitud fue interpretada como una movida política del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, aliados de Irán, Rusia y Palestina, para reforzar su posicionamiento en el eje antioccidental.
El caso fue respaldado por otros países del Sur Global, aunque criticado por Estados Unidos y potencias europeas, que defienden el derecho de Israel a defenderse de ataques terroristas.
Sin embargo, el 1 de abril de 2025, la Corte anunció que Nicaragua había solicitado retirar su petición de intervención. En ese momento, el régimen argumentó que el alto costo económico del litigio hacía inviable su continuidad.
La decisión fue interpretada por analistas como un reconocimiento de los límites financieros del gobierno y su creciente aislamiento diplomático.
Giro discursivo y reanudación del proceso
En su mensaje de este jueves, Murillo alegó un “recrudecimiento de las violaciones contra el pueblo palestino” y ataques contra personal humanitario en Gaza como motivo del cambio de postura.
“El atropello, la masacre, la barbarie… y la complicidad de algunos países occidentales nos obligan moralmente a continuar”, dijo la vicepresidenta.
Además, sostuvo que Nicaragua ha recibido ofertas de apoyo internacional para cubrir los costos del proceso, sin especificar de qué países o actores se trata.
Murillo también afirmó que la nota de reanudación ya ha sido enviada a la Corte Internacional de Justicia, así como a la Cancillería del Estado palestino y a la comunidad internacional.
El caso se convierte en una nueva plataforma política y diplomática para el régimen nicaragüense, que enfrenta sanciones internacionales y múltiples denuncias por crímenes de lesa humanidad cometidos contra su población desde la represión de las protestas sociales en 2018.
