El Consejo Nacional de Rectores (Conare), junto a universidades estatales costarricenses y más de 40 organizaciones estudiantiles, sindicales y sociales, se movilizaron a nivel nacional para demandar un aumento en el presupuesto destinado al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) y evitar recortes adicionales a las universidades públicas de Costa Rica.
“¿Hasta dónde nos van a limitar?”, “lo esencial es invisible ante los ojos del presidente inepto”, “por becas justas y una educación de igualdad e integradora”, se leía en algunos de los carteles que llevaban estudiantes en la protesta.
Los sectores movilizados también han exigido que se cumpla con el mandato constitucional que establece invertir el 8% del Producto Interno Bruto (PIB) en educación pública, con el objetivo de garantizar la sostenibilidad de las instituciones educativas del país. Costa Rica enfrenta un recorte sin precedentes del presupuesto para la educación que pone en riesgo el desarrollo nacional, señalaron los colectivos en un comunicado conjunto.
La movilización surge tras la decisión de Anna Katharina Müller, ministra de Educación Pública y coordinadora de la Comisión de Enlace, de abandonar las negociaciones sobre el presupuesto del FEES para 2025 y ordenar que el monto fuera decidido por la Asamblea Legislativa sin incrementar la partida respecto al presupuesto de 2024. Esta es la primera vez en la historia de Costa Rica que la Comisión de Enlace no llega a un acuerdo sobre el presupuesto universitario.
La Comisión de Enlace, conformada por el Conare, representantes de federaciones estudiantiles y titulares del Ministerio de Educación Pública (MEP), Ministerio de Hacienda (MH), Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan) y el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), inició las negociaciones el 27 de junio de este año.
El ministro del MH, Nogui Acosta, informó que el presupuesto solo se incrementaría en un 1%, lo que equivale a 5761 millones de colones, llevando el total destinado a las universidades a 576 087 millones de colones para 2025.
El Conare, en contraste, solicitó un incremento del 4.6%, equivalente a 23 389 millones de colones, además de la restitución de los recursos postergados durante la pandemia en 2020 y 2021, elevando el presupuesto solicitado a 62 590 millones de colones.
El 16 de agosto, Müller concluyó las negociaciones y envió el presupuesto a la Asamblea Legislativa para que decidiera la partida final. Esta decisión ha sido ampliamente criticada por el Conare y las organizaciones estudiantiles. En un comunicado titulado “Capricho de rectores frena negociación del FEES”, Müller argumentó que el aumento propuesto compensa adecuadamente la inflación.
“Esto no es más que una agresión directa a la institucionalidad y la autonomía universitaria, esto demuestra, una vez más, la incapacidad, la impericia y el carácter autoritario de la administración Chaves Robles”, expuso la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional (Feuna).
La rectoría de la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA) subrayó que el incumplimiento del mandato constitucional y la falta de reconocimiento de las deudas de los años 2020 y 2021 comprometen la estabilidad financiera y el desarrollo de programas y proyectos universitarios.
La movilización, que se extenderá hasta el 29 de agosto, también busca poner en marcha el Pacto Nacional por la Educación Pública, una iniciativa lanzada en 2023. Las 80 organizaciones que forman parte del Pacto han denunciado que Costa Rica está viviendo la crisis educativa más grave de los últimos 40 años, exacerbada por los recortes y la negativa del Gobierno a aumentar el presupuesto del FEES.
En 2022, la Universidad de Costa Rica (UCR) publicó un informe que evidenció una disminución en términos reales del presupuesto del FEES en los últimos años, al tiempo que no se han reconocido los aumentos en el costo de vida ni las deudas pendientes.
Las universidades han presentado propuestas de cooperación y cumplimiento de indicadores educativos, las cuales no han sido aceptadas por el Gobierno.
