La represión sistemática contra líderes y comunidades religiosas en Nicaragua ha colocado al país en el centro de las preocupaciones internacionales sobre libertad de culto. Según un informe publicado por la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional (USCIRF, por sus siglas en inglés), la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo utiliza la fe como blanco de persecución para silenciar voces independientes y mantener su poder autoritario.
El informe, divulgado el 18 de noviembre, sitúa a Nicaragua, junto a Cuba y Venezuela, como parte de una “triada autoritaria” latinoamericana que criminaliza actividades religiosas consideradas una amenaza para el Estado.
En el caso nicaragüense, la represión ha escalado desde 2018, pero se intensificó en 2025 con detenciones arbitrarias, vigilancia permanente, confiscación de templos y expulsión de líderes religiosos.
Desde 2023, el gobierno nicaragüense ha despojado de su nacionalidad a más de 450 personas, entre ellas líderes religiosos católicos y evangélicos.
La medida se ampara en la reforma constitucional de 2024 que permite quitar la ciudadanía a quienes el régimen considere “enemigos del Estado”, convirtiendo esta práctica en una nueva forma de represión religiosa institucionalizada.
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Nicaragua supera a Cuba
La USCIRF señala que Nicaragua supera incluso a Cuba en la severidad y alcance de la represión religiosa. En 2025, al menos 84 líderes religiosos han sido encarcelados por motivos relacionados con su fe o liderazgo comunitario, cifra que supera ampliamente la registrada en otros países de la región.
Además, se ha documentado la prohibición de más de 16,500 procesiones religiosas desde 2018, el cierre de más de 5,400 organizaciones, muchas vinculadas a la Iglesia católica y denominaciones evangélicas, y la vigilancia permanente de templos por parte de la Policía Nacional. Las homilías y sermones son grabados, y los predicadores enfrentan amenazas por expresar opiniones críticas.
El informe también denuncia que en Nicaragua solo se permite el culto público a líderes alineados con el Frente Sandinista, mientras se organizan actividades religiosas “oficiales” patrocinadas por el Estado para contrarrestar a las iglesias independientes.
La manipulación de grupos religiosos a través de asociaciones afines al régimen es una estrategia activa para cooptar su influencia social.
Uno de los casos más emblemáticos es el del pastor evangélico Rudy Palacios Vargas, arrestado en julio junto a siete familiares, uno de los cuales murió bajo custodia en circunstancias no aclaradas.
Palacios había sido blanco del régimen desde 2018 por brindar apoyo espiritual a manifestantes estudiantiles. Actualmente está encarcelado en una prisión de máxima seguridad, acusado de traición a la patria.
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Cuba y Venezuela comparten patrones similares.
Cuba ha adoptado leyes que permiten revocar la ciudadanía a líderes religiosos críticos, mientras que Venezuela impulsa programas de financiamiento a iglesias evangélicas cercanas al gobierno de Nicolás Maduro, como el plan “Mi Iglesia Bien Equipada”, con pagos a más de 13,000 pastores.
El Departamento de Estado de EE.UU. mantiene a Nicaragua y Cuba en la lista de “Países de Preocupación Particular” por sus graves violaciones a la libertad religiosa.
La USCIRF ha recomendado sanciones específicas a funcionarios responsables y un mayor respaldo internacional a comunidades religiosas perseguidas, especialmente en Nicaragua, donde la situación ya es calificada por algunos organismos como crimen de lesa humanidad.
