La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo lanzó un nuevo y virulento ataque contra el Vaticano y el papa Francisco, luego de que el obispo desterrado de Matagalpa, Rolando Álvarez, confirmara en una entrevista con medios católicos que sigue siendo el legítimo prelado de esa diócesis y de la de Estelí, bajo el amparo de la Santa Sede.
En un comunicado emitido por la Cancillería nicaragüense, el régimen sandinista desplegó su habitual retórica ofensiva, descalificando a la Iglesia Católica con acusación que van desde el “colonialismo” hasta la “pedofilia” y tachando al Vaticano de “Estado depravado” y “fuerza de oscuridad”.
La carta, repleta de desvaríos ideológicos y un lenguaje tóxico, refleja el estilo histriónico, amargo y ofensivo característico de la vicepresidenta Murillo, conocida por sus encendidos discursos de odio contra opositores, medios de comunicación y religiosos críticos.
Ataque en tono exaltado y ofensivo.
El texto, plagado de frases incendiarias y afirmaciones sin fundamento, condena a la Santa Sede por “pretender disponer sobre Cargos y Poderes” en Nicaragua y califica de “apátrida” al obispo Álvarez, quien fue desterrado a Estados Unidos en enero de 2024 tras haber sido condenado a más de 26 años de prisión por “traición a la patria”.
Según la dictadura, el prelado, al reafirmar su condición de obispo, incurre en una “pretensión absurda” y “falsa autoridad” que no será reconocida en el país.
El comunicado despliega una retórica agresiva que asocia a la Iglesia con el imperialismo y el fascismo, en un intento de reescribir la historia y justificar la persecución de sacerdotes y religiosos en Nicaragua.
“Sepan, señores, que sus inmorales adefesios y esperpentos, disfrazados de Pastores, aquí Ni Volverán, Ni Pasarán!”, sentencia el documento en su párrafo final, en un tono propio de una declaración de guerra ideológica.
La situación del obispo Álvarez y la persecución a la Iglesia
Rolando Álvarez, uno de los principales símbolos de la resistencia de la Iglesia Católica frente a la represión del régimen, ha sido víctima de una implacable campaña de persecución desde que, en 2018, alzó la voz en defensa de los derechos humanos y de las víctimas de la represión estatal.
Arrestado en agosto de 2022, fue condenado en un juicio exprés en febrero de 2023 y encerrado en la cárcel de máxima seguridad “La Modelo”, donde se le sometió a condiciones inhumanas hasta su expulsión del país en enero de 2024.
El obispo sigue siendo reconocido por el Vaticano como la autoridad eclesiástica legítima en Matagalpa y Estelí, un hecho que irrita profundamente al régimen, que ha buscado anular su figura y eliminar cualquier vestigio de autonomía de la Iglesia en el país.
La dictadura ha encarcelado o expulsado a decenas de sacerdotes, cerrado universidades y obras de caridad vinculadas a la Iglesia y confiscado templos y edificios, incluyendo la histórica Universidad Centroamericana (UCA) y la Universidad Juan Pablo II de la Conferencia Episcopal de Nicaragua.
La ruptura entre el régimen y el Vaticano
El ataque contra el papa Francisco y la Santa Sede no es un hecho aislado. En marzo de 2023, el régimen suspendió las relaciones diplomáticas con el Vaticano, luego de que el pontífice calificara de “dictadura grosera” a la dictadura de Ortega y comparara su represión con la de las dictaduras comunistas del siglo XX.
Desde entonces, el sandinismo ha intensificado su ofensiva contra la Iglesia, a la que acusa de ser una “organización golpista” que promueve la injerencia extranjera.
El régimen, que se autoproclama “cristiano, socialista y solidario”, ha sustituido las procesiones católicas por eventos controlados por el partido de gobierno y ha promovido una versión distorsionada de la fe, basada en el culto a la personalidad de Ortega y Murillo
La embestida contra el Vaticano se enmarca en esta estrategia de erradicación de cualquier institución que desafíe el control absoluto del Estado sobre la sociedad.
La nueva arremetida contra el papa Francisco confirma que la dictadura de Ortega y Murillo ha decidido romper definitivamente con la Iglesia Católica y seguir cerrando los pocos espacios de disidencia que aún quedan en el país.
La criminalización de los religiosos, el destierro de sacerdotes y la confiscación de propiedades eclesiásticas forman parte de una estrategia de control totalitario que busca erradicar cualquier resistencia moral o espiritual al régimen.
Mientras el régimen sandinista soporta su postura contra la Iglesia, el papa Francisco sigue manteniendo el apoyo a los obispos en Nicaragua.
