El 10 de enero de 2007, el dictador Daniel Ortega volvió a la Presidencia de Nicaragua tras ganar las elecciones de 2006 con apenas el 38 % de los votos, beneficiado por una reforma electoral previa que redujo el umbral para evitar la segunda vuelta.
Diecinueve años después, aquel retorno se ha convertido en uno de los procesos de concentración de poder y riqueza más prolongados y profundos de América Latina: control de los poderes del Estado, anulación de la competencia política, corrupción absoluta, criminalización de la disidencia y un aparato de coerción sostenido por la violencia y la manipulación de las leyes.
El balance social y económico de este periodo está marcado por una paradoja: mientras el país recibió, entre 2007 y 2016, uno de los mayores flujos de recursos externos de su historia reciente —la cooperación petrolera venezolana—, la pobreza estructural, la migración masiva y la informalidad laboral persistieron.
“El régimen no transformó la economía; transformó las reglas para apropiarse de ella”, resume el economista Enrique Sáenz.
Para el sociólogo Óscar René Vargas, el resultado social del apropiamiento indebido de los fondos de la cooperación venezonala es, 19 años después, “una sociedad empobrecida, fragmentada y gobernada por el miedo”.
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El punto de inflexión: cooperación venezolana sin control público
La pieza central del nuevo poder económico fue la cooperación petrolera impulsada por Hugo Chávez en el marco de la Alianza Bolivariana (ALBA).
El esquema permitió a Nicaragua comprar petróleo en condiciones preferenciales: la mitad se pagaba de inmediato y el resto se financiaba a largo plazo.
Un 25 % del valor total quedaba retenido para “inversiones sociales”. En la práctica, esos recursos no ingresaron al Presupuesto General de la República ni fueron auditados por la Contraloría, sino que se destinaron al uso a discreción del régimen y el clientelismo político.
El vehículo fue Albanisa (Alba de Nicaragua S.A.), constituida en 2007 como empresa privada mixta entre PDVSA (51 %) y Petronic (49 %).
Esa figura jurídica permitió que miles de millones de dólares quedaran fuera del control institucional. Entre 2007 y 2016, Albanisa administró —según distintas estimaciones— entre 4.000 y 6.000 millones de dólares; al menos 1.250 millones fueron retenidos directamente bajo el concepto de “inversión”.
“La privatización de la cooperación pública fue la llave maestra de la corrupción”, sostiene Sáenz. “No fue un error administrativo, fue un diseño político”.
Estado, partido y empresa: una sola caja
El control de Albanisa se concentró en operadores políticos del Frente Sandinista de Liberación Nacional.
La figura emblemática fue Francisco “Chico” López Centeno, quien acumuló cargos como presidente de Petronic, vicepresidente de Albanisa y tesorero del FSLN.
Esa superposición borró las fronteras entre Estado, partido y empresa privada. Al círculo se sumaron miembros del entorno familiar presidencial, como Rafael Ortega Murillo, con roles en el manejo financiero del conglomerado.
Con esos fondos se creó un entramado de al menos 22 compañías: distribuidoras de combustibles, alimentos, generación eléctrica, medios de comunicación, hoteles, fincas y entidades financieras.
Algunas operaron; otras funcionaron como vehículos para mover recursos, inflar costos u ocultar pérdidas. Cuando hubo ganancias, se privatizaron; cuando hubo fracasos, las deudas se traspasaron al Estado como deuda pública.
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La refinería que nunca existió
Uno de los símbolos del saqueo fue la refinería anunciada en 2007 como el “Supremo Sueño de Bolívar”, valorada en 6.600 millones de dólares.
Nunca pasó del papel y de la primera piedra inaugural. Aun así, investigaciones periodísticas documentaron el movimiento de al menos 500 millones de dólares asociados al proyecto.
En el terreno quedaron tanques de almacenamiento, movimientos de tierra y ninguna rendición de cuentas.
Bancorp y la banca paralela
En 2014 nació Bancorp, controlado por Albanisa, que operó como banco privado sin la regulación plena del sistema.
Funcionó como caja financiera del régimen: solo en 2017 recibió 340 millones de dólares en depósitos irregulares.
Desde allí se realizaron transferencias a jurisdicciones de alto secreto financiero. En 2019, tras sanciones de Estados Unidos, Bancorp fue disuelto. El dinero migró a otras figuras —incluida la cooperativa Caruna— que también terminaron sancionadas. El patrón se repitió: cerrar, reetiquetar, mover.
Combustibles, medios y clientelismo
Con fondos venezolanos, marrulerías legales y amenazas políticas, Albanisa adquirió la Distribuidora Nicaragüense de Petróleo (DNP), que llegó a controlar cerca del 30 % del mercado con más de 150 estaciones.
Durante una década manejó importaciones por más de 5.200 millones de dólares. Cuando el Estado nacionalizó DNP en 2024, pagó 22,2 millones de dólares por inventarios a la familia gobernante, una ganancia directa derivada de la cooperación inicial.
Otra parte del dinero financió la compra de medios de comunicación que ahora manejan los hijos de Ortega y Murillo, y subsidios selectivos para asegurar lealtades territoriales. Programas sociales existieron, pero sin padrones públicos ni evaluaciones independientes. “El asistencialismo fue un instrumento de control político”, dice Sáenz.
Del dinero al miedo: 2018 como quiebre
La acumulación económica se tradujo en capacidad coercitiva. Tras las protestas de 2018, la represión dejó centenares de muertos, miles de heridos y decenas de miles de exiliados.
Organismos internacionales documentaron ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y el uso de grupos parapoliciales.
Investigaciones posteriores señalaron que parte de los recursos opacos ayudó a sostener la maquinaria represiva.
Vargas subraya el impacto social: “Se rompió el pacto mínimo de convivencia. La violencia de Estado se normalizó y el miedo se volvió política pública”.
Sanciones y reacomodos
Desde 2019, Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea sancionaron a empresas y personas del entramado Albanisa.
Las medidas forzaron cierres y nacionalizaciones, pero no permitieron recuperar los fondos desviados. El régimen respondió con nuevas figuras legales y un mayor control interno: cierre de ONG, confiscación de universidades y medios, expulsión de organismos internacionales y reformas penales para criminalizar la crítica.
A 19 años del retorno de Ortega, Nicaragua enfrenta un balance sombrío. Más del 12 % de su población ha emigrado en la última década; la informalidad laboral ronda el 80 %; los salarios reales son inferiores a los de 2006.
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La economía depende de remesas y de actividades extractivas con alto costo ambientales. El país está aislado y sancionado.
“Lo que vimos fue la conversión de una cooperación solidaria en capital político privado”, concluye Sáenz. “Ese dinero compró tiempo y lealtades, pero no compró desarrollo”. Para Vargas, el saldo humano es aún más claro: “Una sociedad empobrecida, con instituciones demolidas y un futuro secuestrado”.
El 38 % que llevó a Ortega al poder en 2006 abrió la puerta a un sistema que, con dinero opaco, leyes a la medida y violencia, terminó por cerrarla.
Diecinueve años después, el desafío de Nicaragua no es solo cambiar de gobierno, sino reconstruir las reglas básicas que fueron desmontadas cuando la cooperación se convirtió en botín.
