El presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua, Gustavo Porras, del partido Frente Sandinista de Liberación Nacional, defendió todas las medidas arbitrarias tomadas por el régimen de Daniel Ortega, incluyendo la desnacionalización y el destierro de más de 300 nicaragüenses, alegando que en otros países a los traidores a la patria “los fusilan”.
Durante la sesión solemne de clausura del 39º período legislativo, Porras, sancionado por Estados Unidos y la Unión Europea por violador de derechos humanos, remarcó que a partir de la reforma constitucional del pasado 9 de febrero, fecha de excarcelación y expulsión a Estados Unidos de 222 presos políticos, aquellos sentenciados por traición automáticamente perdieron la nacionalidad nicaragüense.
“Es lo menos” que merecían expresó el diputado al servicio de la familia Ortega-Murillo.
El jefe del legislativo señaló que aunque estos ciudadanos fueron despojados de su nacionalidad, el gobierno sandinista les otorgó pasaportes nicaragüenses con una vigencia de 10 años. Sin embargo, otras 94 personas fueron privadas de su nacionalidad y confiscados sin haber sido juzgadas.
Ahora que el matón y ladrón de Gustavo Porras ha dicho que los desterrados agradezcamos que no nos fusilaron, recordé a un interrogador del Chipote que me dijo: “Si esta fuera una dictadura estuvieran muertos todos ustedes, porque las dictaduras matan,
y aquí siguen vivos”. Le…— Miguel Mendoza (@Mmendoza1970) December 16, 2023
Porras justificó estas acciones argumentando que estas personas “destruyeron el país” y “renegaron de ser nicaragüenses”, aunque no presentó pruebas concretas de tales acusaciones. “Nosotros simplemente les decimos: no puedes ser nicaragüense, andate”, expresó.
Además de estas medidas, la Asamblea Nacional, controlada por el régimen Ortega-Murillo, aprobó reformas que afectan a la Policía Nacional y al Poder Judicial.
Entre ellas, se destaca la eliminación de la naturaleza “profesional, apolítica, apartidista” de la Policía y la imposición de sanciones carcelarias a los oficiales desertores y desobedientes o que cuestionen las órdenes.
Por otra parte, se le quitaron facultades a la Corte Suprema de Justicia sobre los Registros Públicos de la Propiedad Inmueble y Mercantil, y se redujo el presupuesto asignado al Poder Judicial.
Estas acciones han sido interpretadas como un intento de Ortega de consolidar aún más su control sobre las instituciones del Estado.
En total, durante el 2023, la Asamblea Nacional aprobó 38 leyes y 36 decretos legislativos, incluyendo la controversial Ley de Autonomía Universitaria, que limita significativamente la autonomía de las universidades nicaragüenses.
Estas medidas han sido ampliamente criticadas por la oposición y la comunidad internacional, quienes las ven como parte de una estrategia continua del régimen Ortega-Murillo para suprimir la disidencia y consolidar su poder en Nicaragua.
