La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) compartió un informe sobre la violación de los derechos humanos en Nicaragua, en el que evidencia la vulneración de las garantías a la libertad de circulación, elección libre de la residencia en el territorio y a la movilidad.
Según la entidad, tiene registro de las personas a las que se les ha prohibido ingresar a Nicaragua del 1 de enero al 31 de agosto, entre la lista destaca que 31 hombres, 25 mujeres y 8 niños, se les ha violado su derecho.
Además, “durante abril, a 22 personas les fue prohibido su ingreso a Nicaragua, esto equivale al 41% del total de prohibiciones de ingreso durante los 8 primeros meses del año y ocurre en el mes de conmemoración de la crisis socio-política del 2018”, dice el informe.
🔵#Nicaragua – Ya está disponible el reporte sobre de la situación de #DerechosHumanos en el país del mes de septiembre 2023.
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— OACNUDH (@OACNUDH) September 29, 2023
La libre decisión de entrar o salir de Nicaragua ha sido aplicada para nacionales y extranjeros, según el informe, porque la dictadura les considera disidentes, patrones que se han acentuado en el 2023.
De acuerdo con OACNUDH, entre las acciones impulsada por la dictadura que violan los derechos humanos de los nicaragüenses, está la denegación de la expedición de pasaportes nuevos y su renovación dentro y fuera del país y la confiscación de éstos, al querer salir de Nicaragua, deportación de nacionales y extranjeros, la no renovación de permisos de residencia de extranjeros, la negativa de salida de permiso de menores cuando las personas son sujetos de interés para el Estado.
Además, el reporte menciona que en lo referido a la desnacionalización, deportación y pérdida de los derechos civiles y políticos ha afectado hasta ahora 316 personas hasta el mes de febrero lo cual incluye de igual forma la negativa de permitir el ingreso al país de nicaragüenses que han salido del país por diversos motivos. A este factor, se agrega que también impiden el derecho a la libertad de circulación de sus familiares, a la reunificación familiar y a los derechos de los niños, entre otros.
“La Oficina ha observado en muchos de los casos de deportación y prohibición de ingreso, la vulnerabilidad en la que se encuentran personas y familias completas en los países donde deben permanecer por no poder regresar a Nicaragua, al no contar con redes de apoyo, recursos económicos, garantía a sus derechos al acceso a una vivienda adecuada, a trabajo, educación y salud. A esto se le suma, la dificultad de contar con una posibilidad de definir una situación migratoria de manera expedita y el desconocimiento del idioma”, dice el organismo.
El organismo agrega que en lo referido a los casos de deportaciones de nacionales, además de las 222 personas que fueron expulsadas el pasado 9 de febrero, también han logrado identificar que hay otros casos de familiares de personas consideradas opositoras y que también, las que tuvieron algún tipo de participación en las protestas del 2018.
Afirma que un total de 231 personas han sido deportadas, 194 hombres y 37 mujeres nicaragüenses, mientras que extranjeros han sido expulsados 25, de estos, 21 son hombres y 4 mujeres.
