La organización internacional Human Rights Watch (HRW) instó este jueves al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) a renovar por dos años más el mandato del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, ante el alarmante agravamiento de la represión por parte del gobierno que encabezan Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Este grupo fue creado en marzo de 2022 con el objetivo de investigar violaciones a los derechos humanos cometidas desde 2018. En abril de 2023, el mandato fue extendido por dos años adicionales. Desde entonces, los expertos han documentado patrones de detenciones arbitrarias, torturas, violencia sexual, desapariciones, privación de nacionalidad, deportaciones forzadas y otras prácticas que constituyen “crímenes de lesa humanidad”.
“El escrutinio internacional sostenido es indispensable en Nicaragua, que se ha convertido en uno de los regímenes más opresivos de la región”, declaró Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de HRW.
La funcionaria agregó que el grupo de expertos actúa como “mecanismo esencial para documentar abusos y facilitar otras vías de rendición de cuentas”.
El informe más reciente, publicado en febrero de 2025, revela nuevas pruebas que implican al Ejército de Nicaragua en la brutal represión contra manifestantes en 2018. Según el documento, estas acciones se coordinaron con la Policía Nacional y fuerzas parapoliciales, dejando un saldo de 355 personas asesinadas y cientos de heridos.
Represalias, censura y reformas autoritarias
HRW advierte que el gobierno ha intentado silenciar a las voces críticas: 52 personas continúan encarceladas por motivos políticos, mientras que otras 546 han sido despojadas arbitrariamente de su nacionalidad, situación que ha dejado a muchas en condición de apatridia.
Además, el régimen ha cerrado más de 5,600 organizaciones no gubernamentales, lo que equivale al 80 % de las ONG legalmente registradas en el país desde 2018. También han sido clausuradas al menos 29 universidades y 58 medios de comunicación, según la Plataforma Nicaragüense de Redes de ONG.
En enero, el oficialismo aprobó una reforma constitucional que somete al poder legislativo, judicial y electoral a la “coordinación directa” de Ortega y Murillo. La medida permite incluso revocar la nacionalidad a ciudadanos considerados “traidores”.
En un nuevo intento de aislarse de la comunidad internacional, el régimen anunció en febrero su retiro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, así como de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Esta decisión fue tomada justo después de la publicación del informe más reciente del grupo de expertos de la ONU, y cuando la OIT se preparaba para activar una Comisión de Encuesta, su más alto mecanismo de investigación.
Ante estos hechos, HRW y otros organismos han solicitado a los gobiernos del mundo que presenten una demanda contra Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por violaciones a la Convención sobre la Apatridia y la Convención contra la Tortura, así como que amplíen las sanciones contra funcionarios e instituciones vinculadas a los abusos.
“Ante los intentos del régimen por evadir la rendición de cuentas, es fundamental que el Consejo de Derechos Humanos renueve el mandato de los expertos para que continúen visibilizando las graves violaciones que se cometen en el país”, reiteró Goebertus.
