A seis días de las elecciones generales en Honduras, Human Rights Watch (HRW) advirtió que el proceso enfrenta serias amenazas debido a presiones políticas, investigaciones penales contra autoridades electorales y disputas internas que han generado retrasos clave en la organización de los comicios.
Los hondureños acudirán a las urnas el 30 de noviembre para elegir presidente, 128 diputados al Congreso Nacional y 20 representantes al Parlamento Centroamericano. Sin embargo, la incertidumbre crece tras las denuncias de fraude, la intervención de la fiscalía y las Fuerzas Armadas, y los desacuerdos dentro del Consejo Nacional Electoral (CNE).
“El derecho de los hondureños a participar en elecciones libres y justas está en riesgo”, advirtió Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de HRW. Señaló que las misiones internacionales de observación deben mantenerse vigilantes y exigir condiciones democráticas durante el proceso electoral.
Desde 2019, el sistema electoral de Honduras está dividido entre el CNE, responsable de la organización de los comicios, y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), encargado de dirimir disputas. Cada uno está integrado por tres miembros, elegidos por consenso entre los partidos Nacional, Liberal y Libre. Las tensiones políticas entre estos bloques han paralizado el trabajo del CNE en semanas recientes.
El Ministerio Público abrió el 29 de octubre una investigación contra Cossette López, consejera del Partido Nacional en el CNE, por supuesta manipulación de resultados electorales. Las acusaciones se basan en audios que, según la consejera, fueron alterados. La presidenta Xiomara Castro denunció una “conspiración criminal” que buscaría provocar un “golpe electoral”.
Días después, la fiscalía también inició un proceso contra dos magistrados del TJE por haber tomado decisiones sin el quórum completo, lo que HRW calificó como una “intervención judicial excesiva” que podría afectar la autonomía del órgano electoral.
Además, las Fuerzas Armadas solicitaron al CNE una copia del acta de cierre de las elecciones presidenciales, petición que fue rechazada por la presidenta del consejo, Ana Paola Hall, al considerar que violaría la Constitución, la cual no otorga a los militares autoridad para revisar resultados.
El ambiente se tensó aún más cuando los militares interpusieron una denuncia penal por difamación contra Cossette López, mientras continúan las fallas en pruebas técnicas del sistema de transmisión de datos, según reportó el consejero Marlon Ochoa, del partido Libre.
Ante este panorama, tanto la Organización de Estados Americanos (OEA) como la Unión Europea (UE) han expresado preocupación por la estabilidad del proceso. La OEA denunció una “excesiva judicialización” del sistema electoral y la UE instó a garantizar la independencia y transparencia de las instituciones.
