El Consejo de Gabinete de Panamá decretó este viernes la suspensión de garantías constitucionales en la provincia de Bocas del Toro y declaró estado de urgencia por 5 días, en respuesta a los graves disturbios registrados durante la tarde y noche del jueves. La medida permitirá a las autoridades realizar detenciones sin orden judicial, suspender el derecho a defensa legal inmediata, prohibir reuniones públicas y dejar sin efecto la presentación de recursos de habeas corpus.
Los derechos restringidos temporalmente corresponden a los artículos 21, 22, 23, 26, 27, 29, 37 y 38 de la Constitución panameña, referentes a la libertad individual, el debido proceso, la libertad de reunión y la inviolabilidad del domicilio, entre otros.
La decisión del Ejecutivo surge tras los recientes actos de vandalismo, cuando manifestantes ingresaron violentamente a las instalaciones del Aeropuerto Capitán Manuel Niño de Changuinola, causaron daños al Estadio Calvin Byron y afectaron infraestructuras clave como las oficinas de Chiquita Panamá y del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).
#Ultimahora | Parte de las declaraciones del ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, durante la conferencia de prensa que da informe de resultados de la reunión de Gabinete. #RadioPanamá pic.twitter.com/BSSKIkpMht
— Radio Panamá (@radiopanama) June 20, 2025
Desde el pasado 26 de mayo, la provincia ya se encontraba bajo un estado de emergencia económica, lo que permitió a los ministros actuar con mayor agilidad administrativa y presupuestaria. No obstante, ante la escalada de violencia, el gobierno consideró insuficientes esas medidas.
Hasta el momento, no se ha confirmado la implementación de un toque de queda, aunque se espera que el Ejecutivo amplíe los detalles en un comunicado oficial en las próximas horas.
Corte Suprema suspende plazos judiciales en la provincia
En medio de la crisis, la Corte Suprema de Justicia de Panamá también tomó medidas extraordinarias. A través del Acuerdo No. 453, emitido este 20 de junio, se anunció la suspensión temporal de los términos judiciales en Bocas del Toro desde el viernes 20 hasta el lunes 23 de junio, con reanudación de los plazos a partir del martes 24.
Comunicado de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia. #panamá #OjudicialPanamá pic.twitter.com/dMTAI96vgV
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La medida busca proteger tanto al personal judicial como a los usuarios del sistema, ante los riesgos provocados por la agitación social. Sin embargo, quedaron excluidos de la suspensión el Sistema Penal Acusatorio (SPA) y las jurisdicciones de Niñez, Adolescencia y Familia, así como el Instituto de la Defensa Pública, los cuales seguirán atendiendo únicamente asuntos de urgencia.
Orígenes de la crisis
La situación en Bocas del Toro ha venido deteriorándose desde hace más de un mes, impulsada inicialmente por el rechazo a las reformas a la Ley 45 de la Caja del Seguro Social, que afecta directamente a los trabajadores bananeros. Pese a que el Ejecutivo ya aprobó modificaciones a la normativa en un intento por aplacar las protestas, los bloqueos, enfrentamientos y daños a la infraestructura continúan.
La noche del jueves marcó un punto crítico, con actos de violencia que han generado desabastecimiento de alimentos, medicamentos y combustibles, y han puesto en jaque la operación de servicios públicos esenciales.
En paralelo, la Gobernación de Bocas del Toro suspendió la jornada laboral del viernes en las instituciones públicas del distrito de Changuinola, exceptuando salud, seguridad y servicios básicos.
El presidente José Raúl Mulino convocó de urgencia al Gabinete para analizar la situación y tomar decisiones que, según advirtió, buscarán preservar el orden, proteger a la ciudadanía y garantizar el funcionamiento del Estado.
Mientras tanto, diversas organizaciones sociales hacen un llamado a retomar el diálogo y evitar un mayor deterioro de la situación institucional en la provincia. La nación permanece atenta a los próximos pasos del gobierno y al desarrollo de una crisis que sigue marcando la agenda nacional.
