El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo lamentó el miércoles la muerte del expresidente salvadoreño Mauricio Funes, quien desde 2016 vivía asilado en Nicaragua. Funes, nacionalizado nicaragüense junto con su familia, fue protegido por la dictadura sandinista en medio de múltiples acusaciones de corrupción que lo llevaron a huir de El Salvador.
En un comunicado oficial, el Ministerio de Relaciones Exteriores expresó “pesar y solidaridad” por el fallecimiento de Funes, a quien calificó como un “compañero centroamericano comprometido con la paz y la integración regional”.
Además, la dictadura nicaragüense informó que sus familiares “han decidido realizar sus Ceremonias Fúnebres en Nicaragua” y agradeció al Gobierno de El Salvador por “su disposición humanista y solidaria con los familiares del hermano Mauricio Funes”.
Corrupción y controversias en su gestión
Mauricio Funes llegó al poder en 2009 bajo la bandera del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), prometiendo un gobierno inclusivo y honesto. Sin embargo, su mandato pronto se vio empañado por múltiples escándalos de corrupción.
Según investigaciones de la Fiscalía General de El Salvador, Funes desvió más de 351 millones de dólares mediante una compleja red de corrupción conocida como Corruptela.
Este esquema, operado desde la Presidencia, involucraba el uso ilícito de fondos públicos a través de contratos ficticios y desvíos a cuentas personales.
En 2023, fue condenado en ausencia a 14 años de prisión por su rol en la negociación de una tregua con pandillas, que incluía beneficios penitenciarios para los líderes de estas organizaciones a cambio de una reducción temporal en los homicidios. Además, en 2024, recibió otra sentencia de 8 años por el caso de una avioneta comprada con fondos públicos y usada para fines personales.
Otros casos en su contra incluyen el pago de sobornos a un ex fiscal general, la revelación de documentos confidenciales de Estados Unidos sobre donativos desviados de Taiwán y la malversación de fondos destinados a la construcción de una represa.
Un refugio privilegiado en Nicaragua
Tras abandonar El Salvador en 2016, Funes solicitó asilo político en Nicaragua, donde encontró refugio bajo el régimen de Ortega. En septiembre de ese año, Ortega no solo le otorgó asilo, sino también la nacionalidad nicaragüense a él y a su familia.
Funes fue contratado por la Cancillería nicaragüense, donde devengaba un salario mensual de 90,000 córdobas (2,740 dólares).
Su hijo, Diego Roberto Funes, también fue empleado en la misma institución, ganando 1,424 dólares mensuales. Ambos disfrutaron de protección especial brindada por los órganos de seguridad sandinistas, lo que generó indignación entre opositores tanto nicaragüenses como salvadoreños.
El periodista exiliado Carlos Fernando Chamorro calificó en su momento esta relación como un ejemplo del “descaro” con el que el régimen sandinista usa recursos públicos para proteger a figuras políticas cuestionadas, mientras confisca, expulsa y arrebata la nacionalidad a los opositores.
