El Ministerio Público (MP) de Guatemala, dirigido por la cuestionada fiscal general María Consuelo Porras, adjudicó un contrato por 2.25 millones de quetzales (aproximadamente $290,000) a la empresa Grupo ITD, Sociedad Anónima, para adquirir 15 equipos de extracción forense con tecnología capaz de acceder a información confidencial en dispositivos móviles, incluso si ha sido eliminada, reveló este lunes el diario guatemalteco La Hora.
Expertos citados por La hora advierten que ante la falta de transparencia del MP y los antecedentes de supuesta persecución política, el uso sin supervisión de estas tecnologías, puede vulnerar la privacidad, libertad de expresión y el debido proceso.
La compra, destinada a la Dirección de Investigaciones Criminalísticas (Dicri), incluye licencias por dos años del software Oxygen Forensics Detective (OFD), instalado en computadoras portátiles HP. Esta herramienta permite extraer contraseñas, correos, mensajes, ubicaciones, registros GPS y datos eliminados de teléfonos Android, iOS, BlackBerry y Windows Phone, incluso sin necesidad de credenciales de acceso.
El proceso de licitación se lanzó en noviembre de 2024, y aunque la empresa Sistemas Aplicativos presentó una oferta más baja, fue descartada por errores en la documentación. El contrato fue adjudicado el 4 de marzo de 2025.
La fiscal general Consuelo Porras y tres de sus principales colaboradores: Rafael Curruchiche, Ángel Pineda y Cinthia Monterroso, han sido sancionados como “actores corruptos y antidemocráticos” por Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y Reino Unido.
Cómo funciona
El OFD puede eludir patrones, PIN y contraseñas en equipos Android y extraer datos protegidos en dispositivos Apple con versiones de iOS 7 a 14. En el caso de BlackBerry, permite descifrar correos y mensajes en tiempo real. Además, puede acceder a sistemas de geolocalización, historiales de navegación y comunicaciones vía Bluetooth. El sistema incluso puede descifrar y extraer rutas de viaje de dispositivos GPS portátiles.
Aunque el MP no respondió si el uso de esta tecnología está limitado a procesos judiciales autorizados, expertos en seguridad digital como Luis Assardo y Carlos Duarte, han alertado sobre el riesgo de abuso. Assardo explicó que si un usuario protege su dispositivo con cifrado de raíz, puede dificultarse el acceso, aunque no imposibilitarlo.
Duarte, investigador de la Universidad Rafael Landívar, advirtió que este tipo de herramientas han sido utilizadas en otros países para vigilar periodistas, opositores y defensores de derechos humanos, lo que podría erosionar la democracia y los derechos fundamentales, especialmente en contextos de justicia cuestionada como el guatemalteco.
“Este software requiere acceso físico al dispositivo, pero permite iniciar una sesión saltando barreras de seguridad. El riesgo está en la falta de control judicial y la posibilidad de manipular pruebas digitales para perseguir a personas inocentes”, explicó Duarte.
En medio de operativos recientes en los que se han incautado decenas de celulares en cárceles y operativos contra el crimen organizado, las autoridades aseguran que el software será clave para esclarecer delitos. No obstante, organizaciones defensoras de derechos humanos exigen mecanismos de fiscalización independientes para evitar que esta tecnología se utilice como herramienta de represión o fabricación de pruebas.
