Ante la Comisión de los Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional, Félix Maradiaga, excandidato presidencial despojado de su nacionalidad por el régimen Ortega-Murillo, expuso el martirio que vive en Nicaragua la iglesia Católica y otras denominaciones religiosas.
Narró que el Frente Sandinista ha visto “a la Iglesia Católica como una organización incómoda y, por ello, siempre ha estado sujeta a diferentes ataques… nunca ha respetado plenamente la libertad religiosa de los nicaragüenses”.
Expuso que desde su regreso al poder en el 2007 y sobre todo después de las protestas del 2018, la represión religiosa del régimen “se multiplicó exponencialmente a niveles nunca vistos en América Latina”.
“La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo resiente profundamente el lugar especial que la Iglesia ocupa en el corazón de nuestro pueblo. Resienten que la Iglesia como institución y sus pastores, como los obispos Rolando Álvarez y Silvio Báez, así como cientos de sacerdotes, en comunión con la doctrina de la Iglesia, se hayan puesto del lado del pueblo y de la justicia en el contexto de las graves violaciones perpetradas por la dictadura. Esa posición moralmente correcta les ha costado cárcel, tratos inhumanos y el destierro a casi noventa religiosos católicos”, dijo ante la Comisión.
Maradiaga recordó que de las casi 3600 organizaciones arbitrariamente cerradas y muchas confiscadas, el 15% tienen una misión religiosa ya sea católica o protestante.
“Más de 600 mil nicaragüenses recibían algún tipo de servicio de salud, educativo o humanitario de estas organizaciones y estas personas que eran beneficiarias han quedado en vulnerabilidad ya que el estado de Nicaragua no tiene la capacidad para asumir los servicios altruistas que estas organizaciones brindaban a la población más desposeída”, lamentó Maradiaga.
El régimen Ortega- Murillo ha cerrado 420 organizaciones religiosas, la mayoría se dedicaban a ayudar a grupos vulnerables, se han documentado más de 740 ataques directos contra la Iglesia Católica y hay 30 personas detenidas por sus vínculos con la Iglesia Católica.
En Nicaragua se han cerrado 22 medios de comunicación católicos y evangélicos, la mayoría han sido confiscados, al menos 84 sacerdotes han “sido expulsados del país, forzados al exilio, impedidos de reingresar a Nicaragua y, en los peores casos, encarcelados y luego enviados al destierro”. El régimen expulsó al menos a 70 monjas.
Maradiaga instó a la Comisión a adoptar las recomendaciones del Grupo de Expertos de la ONU sobre Nicaragua “que abarca hechos ocurridos desde abril de 2018 hasta el 31 de marzo de 2024, documenta violaciones y abusos sistemáticos y generalizados del derecho internacional de los derechos humanos cometidos contra miembros de la Iglesia católica y, más recientemente, contra miembros de otras confesiones cristianas”.
Además, propone otros métodos de presión contra el régimen: acciones del Congreso y el Poder Legislativo de Estados Unidos, incluyendo la revisión del DR-CAFTA; apoyo a la regularización migratoria de las personas perseguidas; la presión internacional para la liberación de los presos políticos nicaragüenses y sanciones y trabajo con los aliados.
