Expertos de las Naciones Unidas instaron al Gobierno de Nicaragua a liberar de inmediato a todas las personas encarceladas por expresar su oposición a las políticas oficiales y por denunciar el deterioro de los derechos humanos en el país. Los expertos exigieron además que se informe de manera urgente a sus familias y abogados sobre su paradero y estado de salud.
Desde las protestas nacionales de 2018, las autoridades nicaragüenses han arrestado a decenas de manifestantes y opositores. Organizaciones de Derechos Humanos estiman más de 120 personas desaparecidas.
Según los expertos, muchos fueron capturados violentamente sin orden judicial, incomunicados y sometidos a desapariciones forzadas. En varios casos, fueron condenados en procesos judiciales irregulares y sin defensa adecuada, e incluso permanecen en prisión tras haber cumplido sus condenas.
“Lo que vimos después de las protestas de 2018, y seguimos viendo hoy, es un patrón sistemático y deliberado de las autoridades nicaragüenses para silenciar las voces disidentes mediante desapariciones forzadas, tortura, violencia sexual, detenciones arbitrarias y condiciones inhumanas”, señalaron los expertos. También denunciaron que se les niega el acceso a abogados, médicos, medicamentos y visitas familiares.
Los especialistas advirtieron que las condiciones de los prisioneros se deterioran con el tiempo, afectando gravemente su salud física y mental. Las familias, muchas de ellas exiliadas, no tienen certeza sobre el lugar donde se encuentran sus seres queridos y temen denunciar las desapariciones por miedo a represalias.
Desde 2021, se han registrado al menos 427 detenciones, principalmente contra personas vinculadas a procesos electorales, estudiantes, periodistas, líderes indígenas, defensores de derechos humanos y opositores políticos. Los expertos afirmaron que la persecución se ha extendido a cualquier ciudadano considerado crítico del Gobierno, incluso sin actividad política directa.
En cartas enviadas a las autoridades nicaragüenses, los expertos denunciaron las condiciones en el penal La Modelo, donde los reclusos son aislados, privados de atención médica y sometidos a tortura, abusos sexuales y confinamiento prolongado en celdas hacinadas y calurosas.
“Las familias reciben información contradictoria, no saben si sus seres queridos fueron trasladados o si siquiera siguen detenidos”, indicaron. “Mantenerlas en la incertidumbre constituye un trato cruel e inhumano”.
Los expertos exigieron al Gobierno nicaragüense detener las detenciones arbitrarias, poner fin a las desapariciones forzadas y garantizar la investigación de todas las violaciones de derechos humanos. “El sufrimiento infligido a los detenidos y a sus familias debe terminar”, subrayaron.
Entre los firmantes del comunicado figuran Gabriella Citroni, Grażyna Baranowska, Aua Baldé, Ana Lorena Delgadillo Pérez, Mohammed Al-Obaidi y otros integrantes de los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, un grupo de expertos independientes que supervisan la situación de los derechos humanos en el mundo.
