La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) levantó la voz ante la alarmante situación en Nicaragua, denunciando la carencia absoluta de condiciones para la celebración de elecciones regionales libres y justas en la Costa Caribe, donde la dictadura de Ortega teje su red de opresión.
En un escenario de clausura del espacio cívico, represión estatal, y militarización de territorios indígenas y afrodescendientes, la CIDH destaca la intensificación de tácticas represivas desplegadas en la Costa Atlántica.
Estas medidas buscan infundir un clima de control y miedo entre los movimientos indígenas y afrodescendientes críticos al régimen, limitando así su participación en las elecciones regionales convocadas para el 3 de marzo de 2024, con el propósito de renovar cargos de autoridad en las regiones autónomas, señaló el organismo.
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— Transparencia Electoral (@TransparenciaAL) February 22, 2024
Entre los agravios más recientes, la CIDH resalta la cancelación de la personería jurídica del partido indígena Yapti Tasba Masraka Nanih Asla Takanka (YATAMA), acompañada de la toma de sus instalaciones regionales. Igualmente preocupante es la desaparición del diputado de la Asamblea Nacional y presidente del partido YATAMA, Brooklyn Rivera, junto con la representante legal y la diputada suplente de YATAMA, Nancy Elizabeth Henríquez; ambos protegidos por medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
“El cierre y la confiscación de las sedes de las radios comunitarias indígenas, los actos de persecución contra líderes indígenas, y los ataques de colonos armados tolerados por las autoridades estatales, revelan una estrategia sistemática para coaccionar y desplazar a las comunidades de sus territorios, vulnerando su autonomía y poniendo en peligro su supervivencia cultural y étnica”, dice el informe de CIDH.
Las elecciones regionales, fruto de largas luchas por el reconocimiento de la autonomía de los pueblos indígenas y afrodescendientes, representaban un avance significativo hacia la garantía de sus derechos antes de la llegada del FSLN al poder en 2007.
Sin embargo, la falta de condiciones para su realización constituye un retroceso flagrante en la protección de estos grupos vulnerables.
La CIDH exige al Estado de Nicaragua que cumpla con sus obligaciones internacionales, garantizando la participación equitativa de las comunidades indígenas y afrodescendientes en el proceso electoral y en la toma de decisiones que les conciernen.
Asimismo, insta al cese inmediato de la represión y la persecución, y demanda información sobre el paradero del señor Brooklyn Rivera, en cumplimiento de las medidas provisionales de la Corte IDH.
La CIDH, como órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), vela por la defensa de los derechos humanos en la región, y no escatimará esfuerzos en denunciar los atropellos contra la democracia y la dignidad en Nicaragua.
