Este 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, Estados Unidos marcó un hito en su política exterior al anunciar 2 medidas sin precedentes dirigidas a sancionar las violaciones de derechos humanos, la corrupción y el autoritarismo global, con un enfoque particular en Nicaragua.
La administración Biden, a través del Departamento de Estado y la Oficina del Representante Comercial (USTR), reveló una nueva política de restricción de visados y una investigación bajo la sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, respectivamente, ambas diseñadas para castigar actos represivos y desmanteladores del Estado de derecho.
Estas acciones subrayan la gravedad del deterioro institucional y humanitario en Nicaragua bajo el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Desde 2018, Nicaragua ha sido escenario de una represión sistemática que incluye detenciones arbitrarias, tortura, expropiaciones ilegales y exilio forzado, entre otros, que organismos internacionales han descrito como crímenes de lesa humanidad.
Nueva herramienta de visados: una política global con debut en Nicaragua
El secretario de Estado, Antony Blinken, anunció una herramienta inédita para restringir visados a individuos responsables de detenciones indebidas, abusivas o injustas, así como a sus familiares inmediatos.
USTR Initiates Section 301 Investigation on #Nicaragua’s Acts, Policies, and Practices Related to Labor Rights, Human Rights, and the Rule of Law https://t.co/wUOI0C3a8T
— Paulo Abrāo (@PauloAbrao) December 10, 2024
Aunque esta medida tiene alcance global, se espera que Nicaragua sea uno de los primeros escenarios donde se aplique, dada la escalada de violaciones documentadas por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
“La dictadura Ortega-Murillo ha institucionalizado la detención arbitraria como herramienta de control político, usando a los ciudadanos como fichas de negociación”, comentó una fuente exdiplomática nicaragüense, actualmente exiliada en Costa Rica, quien solicitó el anonimato para proteger a sus familiares.
Para ella, esa nueva herramienta tiene nombre y apellido:
“Estas políticas claramente se estrenarán contra la dictadura Ortega y Murillo y reflejan el hartazgo de la comunidad internacional ante un régimen que ha sobrepasado todos los límites de la legalidad y los derechos humanos”.
Investigación comercial: el uso de herramientas económicas contra la represión
De manera paralela, la representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, anunció el inicio de una investigación bajo la sección 301 de la Ley de Comercio de 1974 para evaluar las prácticas nicaragüenses que socavan los derechos laborales, los derechos humanos y el Estado de derecho.
Esta es la primera vez que se emplea esta herramienta para abordar violaciones de derechos humanos en lugar de prácticas comerciales desleales, un indicio del carácter innovador de la política estadounidense frente al caso nicaragüense.
La investigación busca establecer un vínculo directo entre las políticas represivas del régimen y las afectaciones al comercio, un enfoque que podría derivar en sanciones económicas más severas.
Entre las posibles consecuencias destacan la limitación de exportaciones nicaragüenses a Estados Unidos y restricciones al acceso del país a mercados internacionales.
“Es evidente que Estados Unidos está dispuesto a usar todos los recursos legales y comerciales disponibles para presionar al régimen sandinista”, afirmó la misma fuente.
“Esto no solo demuestra la gravedad de las violaciones en Nicaragua, sino también el interés de EE. UU. por proteger sus intereses estratégicos en la región”.
Un mensaje de hartazgo internacional
La implementación simultánea de estas dos medidas no es casual. Ambas son respuestas a años de denuncias contra el régimen Ortega-Murillo por la consolidación de un Estado policial que reprime libertades fundamentales y perpetúa la corrupción.
Estas acciones reflejan una política estadounidense que busca no solo denunciar, sino actuar contundentemente frente a violaciones sistemáticas de derechos humanos.
Para muchos analistas, estas políticas también envían un mensaje claro a otros regímenes autoritarios: Estados Unidos no tolerará la impunidad ni el abuso de poder.
“El mensaje de Blinken y Tai trasciende a Nicaragua. Es un aviso a cualquier gobierno que pretenda seguir el mismo camino de represión y autoritarismo”, concluyó la fuente.
Con estas acciones, Estados Unidos reafirma su compromiso con los derechos humanos en un país cada vez más azotado como Nicaragua, mientras se convierte en pionero en el uso de herramientas legales innovadoras para sancionar a los responsables de violaciones graves.
