Estados Unidos arremetió nuevamente este miércoles contra la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua, denunciando la práctica sistemática de desapariciones forzadas y el agravamiento de la represión.
A través de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, el Departamento de Estado exigió en su cuenta oficial de X que se revele el paradero de al menos veinte nicaragüenses desaparecidos desde 2024.
Entre ellos, la cuenta destaca ancianos, madres de familia y un pastor evangélico, entre decenas de presos politicos que incluyen a líderes indígenas, exmilitares y católicos.
“Sus familiares merecen saber ahora mismo dónde se encuentran, y no sufrir la victimización secundaria de una cruel dictadura”, señaló la institución en un mensaje que confirma la creciente presión internacional contra el régimen sandinista.
Segundo golpe en dos semanas
Este pronunciamiento ocurre apenas ocho días después de la publicación del informe anual de derechos humanos 2024, presentado el 12 de agosto por el propio Departamento de Estado, en el que Washington acusó al régimen Ortega-Murillo de intensificar la represión, multiplicar las detenciones arbitrarias y expandir su persecución más allá de las fronteras nicaragüenses.
Ese documento detalló que el gobierno sandinista incurrió en ejecuciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas y severas restricciones a las libertades civiles, incluyendo censura a periodistas, represión religiosa y control del acceso a documentos migratorios para opositores y sus familias.
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Represión dentro y fuera de Nicaragua
El informe estadounidense también denunció la represión transnacional, especialmente contra exiliados en Costa Rica.
Según el reporte, parapolicías y simpatizantes del FSLN han cruzado la frontera para acosar opositores, mientras diplomáticos y agentes de inteligencia de la embajada en San José habrían participado en tareas de vigilancia y hostigamiento.
Uno de los casos citados fue la extradición desde Costa Rica de Douglas Gamaliel Álvarez Morales, solicitada por Managua mediante instrumentos internacionales como las notificaciones rojas de Interpol, utilizadas como arma política contra opositores.
Además, se recordó el atentado contra los activistas Joao Maldonado y Nadia Robleto, ocurrido en San José el 10 de enero de 2024, que dejó a Robleto en condición de tetraplejia, como una muestra del alcance de la persecución extraterritorial.
En junio de este año, sicarios presuntamente enviados por el Ejército de Nicaragua, asesinaron a balazos al exmilitar y opositor nicaragüense en Costa Rica, Roberto Samcam.
Desaparición forzada es tortura
El informe y la nueva denuncia pública de Washington también subrayan el patrón de hostigamiento contra líderes religiosos, un sector especialmente golpeado. Durante 2024, al menos nueve sacerdotes católicos fueron encarcelados arbitrariamente, en medio de una ofensiva del régimen contra la Iglesia.
Más de 150 presos políticos permanecen en condiciones inhumanas en la cárcel “La Modelo”, donde organizaciones independientes han documentado aislamiento prolongado, torturas psicológicas, desnutrición intencional y golpizas sistemáticas.
Una de las denuncias más graves apunta a la capitana penitenciaria Rosa Velásquez, señalada de permitir abusos masivos contra reclusos del bloque 300, quienes fueron brutalmente golpeados entre el 12 y 13 de agosto de 2024, tras una protesta vinculada a las elecciones fraudulentas en Venezuela.
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Impunidad como política de Estado
El Departamento de Estado insistió en que en Nicaragua la impunidad es total: ni policías, ni militares, ni parapoliciales responsables de torturas y desapariciones han enfrentado procesos judiciales.
“El actual gobierno no muestra disposición para investigar ni procesar a los responsables de estos crímenes”, sostiene el informe, en el que se reitera la responsabilidad directa de Ortega y Murillo en la comisión de crímenes de lesa humanidad documentados desde 2018.
Con este nuevo señalamiento público, la segunda reprimenda internacional de Washington en menos de diez días, la administración Ortega-Murillo vuelve a quedar expuesta como una de las dictaduras más represivas del continente.
El silencio oficial en Managua contrasta con la creciente presión internacional, mientras los familiares de desaparecidos siguen clamando por verdad y justicia en un país donde el Estado se ha convertido en verdugo y carcelero de su propia población.
