La Embajada de Estados Unidos en Managua lleva dos semanas consecutivas con una campaña informativa para divulgar las violaciones laborales, de derechos humanos y del Estado de derecho que documentó la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR) en Nicaragua
Los mensajes se han publicado en momentos en que Nicaragua espera la decisión final de Washington sobre posibles sanciones comerciales bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974.
“La investigación del Gobierno de los Estados Unidos sobre Nicaragua ha sacado a la luz patrones preocupantes que afectan a la población nicaragüense”, indicó la legación diplomática, al presentar en redes sociales una serie de gráficos y mensajes que detallan los hallazgos de la USTR.
La campaña invita al público a conocer “de primera mano” las pruebas recopiladas durante el proceso de investigación iniciado en diciembre de 2024.
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Millones en riesgo
El expediente de la USTR concluyó que las acciones del régimen Ortega Murillo constituyen “abuso irrazonable” y “obstaculizan o restringen el comercio” con Estados Unidos, principal destino de las exportaciones nicaragüenses.
En 2024, de los 7,521.9 millones de dólares generados por las ventas externas de Nicaragua, 3,640.7 millones provinieron del mercado estadounidense, cerca del 50 %.
Washington evalúa cuatro posibles medidas:
- suspender parcialmente los beneficios del DR-Cafta;
- imponer aranceles de hasta el 100 %, inmediatos o escalonados;
- aplicar esos aranceles solo a sectores seleccionados; o
- suspender total o gradualmente todos los beneficios del acuerdo comercial.
Especialistas consultados en Estados Unidos y Centroamérica han advertido que cualquier escenario afectará directamente a las exportaciones nicaragüenses, especialmente en sectores como textil, agroindustria, oro y manufactura ligera.
Para voces empresariales y políticas, como Juan Sebastián Chamorro, la responsabilidad “recae exclusivamente” en el régimen, que ha ignorado las advertencias sobre el impacto económico de sus violaciones sistemáticas.
Explotación infantil, trabajo forzoso y otros abusos
Entre las pruebas divulgadas por la Embajada destacan violaciones en materia laboral.
La USTR documentó trabajo forzoso, explotación y prácticas que distorsionan la competencia, incluida la reducción artificial de salarios para abaratar costos de producción.
El proceso reveló que estas prácticas “socavan la dignidad de los trabajadores y afectan las oportunidades justas para empresas estadounidenses”, al permitir que productos nicaragüenses ingresen al mercado con precios alterados por violaciones laborales.
La investigación también identificó un alto porcentaje de niños entre 10 y 14 años trabajando en actividades de riesgo como minería de oro, extracción de grava y piedra triturada, y en canteras de piedra pómez.
Un informe reciente del Departamento de Trabajo de EE.UU. estimó que el 47 % de los menores en ese rango de edad—unos 342,000 niños—realizan algún tipo de labor, con niveles significativos de explotación y desprotección.
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Violaciones a derechos humanos y libertad religiosa
En materia de derechos humanos, la campaña diplomática resalta la represión a las libertades religiosas y la reducción del espacio cívico.
De acuerdo con la USTR, los ataques incluyen cierres, confiscaciones y restricciones directas contra instituciones religiosas, entre ellas propiedades de iglesias estadounidenses y la confiscada Universidad Centroamericana (UCA), administrada por la Compañía de Jesús.
Las publicaciones señalan además las prohibiciones de retorno impuestas a cientos de nicaragüenses. “Imagínate que un día salís de tu casa… y luego no puedes volver porque así lo decidió el gobierno”, cita uno de los mensajes de la campaña, aludiendo a los testimonios de personas impedidas de ingresar al país.
Decisión antes de fin de año
La USTR no ha confirmado la fecha de anuncio de su decisión final, aunque fuentes cercanas al proceso estiman que será revelada antes de que concluya el año.
La resolución establecerá cuál de las medidas propuestas se aplicará y definirá el impacto económico que enfrentará Nicaragua por las violaciones atribuidas al régimen Ortega Murillo.
Según la investigación, Estados Unidos recibió más de 2,000 comentarios públicos durante el proceso, incluidos testimonios de víctimas y reportes que describen prácticas de persecución, arbitrariedad y explotación laboral.
Con la campaña lanzada esta semana, la Embajada busca que la población conozca los fundamentos que sustentan la inminente decisión comercial.
